Sábado 17 de Agosto de 2019
  

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¿Cese al fuego o armisticio?


Observatorio

Por Mario Martini

Desde 2007 sostengo que la declaración unilateral de guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado fue un costoso error de cálculo político que original y apresuradamente tuvo el propósito  de mejorar la  aprobación ciudadana presidencial que la proclama proselitista  de empleo no consiguió ni entusiasmó a la población dividida en mitades.


Si bien es cierto que algunos mexicanos -principalmente panistas- justificaron esta guerra por la existencia real de algunos municipios fallidos -varios de Michoacán, tierra de Calderón-  que fueron conquistados y administrados a trasmano -y abiertamente en algunos casos- por la mafia del tráfico de drogas, armas y personas, la divina trinidad que sostiene al imperio criminal.


Fue una orden apresurada del Jefe de las fuerzas armadas sin más valoración o justificación que el llamado urgente de algunos gobernadores y la imperiosa necesidad de legitimar un triunfo electoral bajo sospecha. Así de fácil.


Sin estrategia ni recursos -el Plan Mérida fue un fracaso, en el mayor sentido del término, tan rotundo como el Plan Colombia- comenzó la lucha cuerpo a cuerpo, matanzas callejeras sin fin y corrieron ríos de sangre sobre la república. En 2010 y 2011 fue asesinado cada 4 horas un joven sinaloense menor de 29 años, como lo confirma la estadística oficial. El gobierno no le quitó ni una pluma al gallo de la delincuencia: siguieron fluyendo hacia el norte del continente –de manera sostenida y regular-  las 7 mil toneladas métricas de marihuana y las 1,200 toneladas de cocaína que pasan por México cada año. Dicho en otros términos, fue mucho ruido y pocas nueces.


La fuerza de 30 mil soldados y otro tanto de policías federales no fue suficiente -ni por mucho- para debilitar la solidez financiera, capacidad de fuego y logística de los criminales. Y no lo fue porque el gobierno federal puso todos los huevos en la canasta del uso legítimo de la fuerza, pero no invirtió en tareas de inteligencia policial para destruir -como quinta columna- al imperio criminal que por una complicada y eficiente red de distribución recibe ingresos anuales calculados entre 20 y 30 mil millones de dólares (la imagen del director de Pemex en los sótanos de Atzcapotzalco ilustra la metástasis de la organización criminal que se multiplica por el país en millones de tentáculos “imperceptibles” para una autoridad omisa y cómplice).


Pero Calderón no fue el único responsable. Peña Nieta continuó con la misma estrategia fallida para abonar a la estadística extra oficial que llegó a casi medio millón de mexicanos asesinados en los últimos 12 años.


Por eso resulta alentador en una primera mirada el anuncio de López Obrador de terminar la guerra contra el crimen organizado como la conocemos, pero tan escueto comunicado provoca muchas dudas. ¿Qué significa para la 4T el fin de esta guerra? ¿Es un cese al fuego o propuesta de armisticio? ¿Los traficantes ya no serán perseguidos? ¿Tendrán patente de corso para el trasiego de drogas y armas? ¿Es acción complementaria al control de drogas por el Estado? ¿Habrá repliegue militar en los territorios del narco? ¿Qué papel jugará la Guardia Nacional en estos delitos federales? ¿No habrá más investigaciones de lavado de dinero? ¿Qué sigue en el combate a huachicoleros, expresión pura del crimen organizado? ¿Este anuncio presidencial simplemente es el inicio del urgente y necesario proceso de paz para instaurar la república amorosa? ¿Los recursos dilapidados en la absurda e improvisada guerra anti drogas serán utilizados para preparar y equipar a los 300 mil policías estatales y municipales del país que en mejores condiciones podrían brindar seguridad a los ciudadanos en sus casas, calles, carreteras, camiones urbanos, etc.?


Al dar por concluido el combate bélico -al menos mediáticamente- debe seguir la explicación puntual de la estrategia nacional de seguridad que responda a éstas interrogantes y –de manera puntual- privilegie la inteligencia policial que debilite la estructura financiera criminal, fortalezca a las policías de proximidad social, defina el programa de control de drogas, combata el tráfico de armas e invierta simultáneamente en educación, salud, empleo, etc.


Es un viraje en la política de seguridad que aplaudimos. Deseamos que sea el correcto.

Saludos cordiales
MM