Martes 21 de Noviembre de 2017
  

C A confesion de parte

Feminicidios


(Para Erika y Cindy, dos vidas malogradas por la
barbarie que a todos agravia)

Por Vicente Hernández Delgado


Equidad e igualdad de género
Después de haber sido tema de debate en la revolución francesa y objeto de demanda en las luchas sociales y políticas del siglo XX, el reconocimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres no ha resultado suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos para las mujeres, ni el respeto a su condición de seres humanos con capacidades equivalentes a las de los hombres. Los residuos de las sociedades patriarcales en los distintos países y sus costumbres, dan cuenta de formas de sometimiento a la mujer mediante el uso de la violencia y discriminación en sus variables más reprochables e injustas, razón por la cual el concepto de igualdad jurídica deviene en mero reconocimiento formal pero insuficiente, por lo que requiere de una complementación apoyada en la ética y la justicia, por ello es que surge el concepto de equidad de género.

El tema del género por su parte, está asociado al de sexo pero no son lo mismo, como tampoco lo son mujer y género, temas que requieren de un tratamiento específico para su mejor conocimiento. Nos guste o no, el concepto de equidad de género nos remite a un estado permanente de vulnerabilidad de una persona en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos en función de su sexo.
El término equidad no significa lo mismo que el de igualdad, pues como lo hemos señalado, el primero descansa en una valoración ética y de justicia, a diferencia del segundo, que es ante todo una valoración política. De ahí que para que la igualdad sea plena y no meramente formal, es necesario que existan mecanismos equitativos en términos, por ejemplo, de discriminación positiva, cómo la proyección a cargos de representación política a igual número de hombres y de mujeres, o en el plano laboral, a una cuota femenina en los consejos de administración o en puestos directivos de una empresa, o a su contratación en razón de acreditar la misma cualificación profesional que los hombres.

El otro tema necesario para la equidad corresponde a la educación no sexista implantada desde el seno familiar hasta el sistema educativo formal. El sistema educativo de mi generación, tanto laico como clerical, se caracterizaba por la separación en las aúlas entre hombres y mujeres, evitando siquiera fomentar la igualdad entre ambos sexos. La mención es pertinente porqué hoy siguen muy activos los grupos conservadores que pretenden evitar la educación no sexista, mucho menos la que toca temas sobre sexualidad, evitando el conocimiento de estos temas por considerarlos tabú o pecaminosos. De igual manera, es conveniente evitar el lenguaje sexista y estereotipado en medios de comunicación, ámbito familiar y en la esfera social. A título de ejemplo están las redes sociales, donde circula gran cantidad de videos vulgarizando el papel de la mujer y fomentando el lenguaje sexista.

Por su parte, el comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) considera que es pertinente distinguir los términos igualdad y equidad, de tal forma que al pronunciarse por la Igualdad de Género, lo hace bajo la perspectiva de igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres. La parte sustantiva se refiere a la efectividad de resultados de hecho y no sólo de derechos. Lo anterior comprende a mi juicio, la materialización de los componentes éticos y de justicia propios de la equidad de género.

Por otro lado, este artículo no tendría su razón de ser sin el reconocimiento de la terrible paradoja que significa el que aún con lo avanzado de nuestros derechos, tengamos que confrontarlos con la realidad que hoy lastima a muchos hijos, esposos, padres, hermanos y demás descendientes de las mujeres que infortunadamente han tenido que padecer una circunstancia fatal, atávica, injusta e indigna. Tal es el sustento de esta colaboración.

EL FEMINICIDIO
A pesar de que en nuestro país se han decretado siete alertas de violencia de género contra las mujeres y otras 17 se han solicitado en entidades donde existe una alta incidencia de crímenes, aún no han disminuido los niveles de delitos cometidos por esta causa. María de la Luz Estrada, fundadora y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), estimó que la cifra actual podría superar los 30 mil homicidios violentos cometidos contra las mujeres del año 2000 al primer bimestre del año 2017.

Afirma que la cifra negra sobre este delito aumenta considerablemente a partir de la alarmante desaparición de mujeres y niñas que terminan por aparecer muertas en todo el territorio nacional: “A partir de investigaciones realizadas por OCNF, se ha  identificado la desaparición como un patrón intimamente relacionado con el feminicidio, en el que principalmente niñas y adolescentes de entre 11 y 18 años desaparecen para posteriormente ser encontradas  asesinadas, situación que hace compleja la posibilidad de acceder a la justicia para los familiares de las víctimas”. A esto hay que agregar las muertes de muchas mujeres que jamás se investigan ni se actúa con la debida diligencia, por lo que es imposible tipificar adecuadamente el delito.

Las entidades federativas en las que la Secretaría de Gobernación ha decretado la alerta de género son Estado de México, Morelos, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Veracruz. Jalisco lo hizo sin esperar la declaración de la  SEGOB, por lo que podría inferirse que ya son ocho entidades con declaratoria. Hasta 2015, eran 11 municipios del Estado de México los que concentraban el mayor índice de feminicidios en México, persistiendo esta alerta roja en Estado de México, Morelos, Michoacán y Sinaloa.

EL MARCO NORMATIVO
Nuestro país forma parte de los siete 7 países que tienen tipificado el delito de feminicidio en sus legislaciones, con la perspectiva de sentar las bases de una política criminal con perspectiva de género que fortalezca las estrategias de persecución y sanción de los responsables de estos hechos, así como garantizar la reparación y compensación de las víctimas, a efecto de reducir la impunidad, de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención especial y general de la criminalidad.

El concepto de feminicidio o femicidio se ha integrado a los tipos penales existentes, al considerar que los derechos de una mujer han sido pisoteados por el sólo hecho de serlo. Sin embargo la tipología suele ser amplia dependiendo de quién estudie el tema con más o menos profundidad. De acuerdo a Diana Russell y Jane Caputi “es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de la propiedad de las mujeres”. Según las autoras, la meta del ejercicio de la violencia por parte de los hombres, deliberada o no, es preservar la supremacía masculina.

En America Latina, el término en cuestión ha evolucionado de manera relevante, lo que evidencia el fenómeno común y alarmante que el asesinato de mujeres tiene dentro de nuestros países. En México, correspondió a Marcela Lagarde proponer en 1994, el concepto de feminicidio al de femicidio y siendo diputada durante 2003 y 2006, presidió la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana.

Lagarde sostiene que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de castigo y sanciones a los responsables coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y este tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa. Recordemos que durante esa época, había gran alarma internacional por los crímenes realizados en Cd. Juárez, muchos de los cuales no se han aclarado.

El feminicidio visto así, puede suceder en tiempos de guerra o paz y está alimentado por la desigualdad de género, no sólo social y económica, sino también jurídica y cultural, al considerar a la mujer y a su cuerpo como “cosa” reutilizable y desechable, despojándola de su condición humana y de persona sujeto de derechos, y en mucho sentido, a su condición de pobreza, de tal forma que el feminicidio y la violencia de género constituyen un problema político y su tratamiento y resolución son una asignatura pendiente de los Estados actuales.

La legislación mexicana, al igual que la de Chile, Costa Rica, Perú, ha optado por una legislación que recurre a la interpretación y aplicación de los códigos penales sustantivos y procesales vigentes, a diferencia de la legislación de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que han incorporado el delito de feminicidio/femicidio, a una legislación integral y especializada en la que también se definen institutos procesales especializados. Esta última legislación resulta màs conveniente al incorporar regulaciones orientadas a la comprensión y aplicación del delito, además de su  persecución, sanción y reparación.

En la ruta de encontrar las causas por las cuales un individuo decide cortar la vida de una mujer, el derecho penal tiene que tomar en cuenta las circunstancias, los métodos y  motivos del agresor, las mismas que pueden variar en su mayor o menor complejidad. Lo más grave sigue siendo el margen de impunidad que permite al agresor volver a delinquir, en un país marcado por la indiferencia, no sólo de la sociedad, sino de sus autoridades.

EL NUEVO DERECHO PENAL
El nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor el 18 de junio de 2016 para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, está planteando serias dificultades según los especialistas en el tema del feminicidio, para procesar los casos de este delito, al exigir mayor rigurosidad en la obtención de  pruebas y presentación de elementos obtenidos en las investigaciones, pues no se observan adecuados protocolos de actuación, según han denunciado.

De acuerdo a Rodolfo Domínguez Martínez, “el nuevo sistema es mucho más riguroso en el saber de las pruebas, en la forma en que se tienen que presentar las acusaciones formales, aquí se exacerban las dificultades que pueda haber por una mala investigación”, ha dicho el especialista en temas de género. De tal manera que lejos de erradicar las fallas del sistema de justicia penal tradicional se agrava, pues existen riesgos de pérdida de  elementos de prueba, de establecimiento de hipótesis adecuadas para la investigación, falta de planes adecuados de investigación, entre otras trabas.

Otro problema lo representa el sistema de juicios orales, pues en un tema tan delicado como el tipo penal del feminicidio, se considera conveniente elaborar buenas investigaciones que puedan ser sostenidas ante los jueces, pero puede haber problema sino se prepara y especializa a los jueces en  perspectiva de género a efecto de que puedan comprender con mayor claridad el delito como tal y de esa forma, elaborar buenas sentencias.

Se pretende entonces evitar que el juzgador resuelva con criterios anacrónicos, discriminatorios y misóginos que han sido la norma tradicional para juzgar el feminicidio en nuestro país. Lo anterior nos indica que aún queda un largo camino por recorrer y una cultura patriarcal por abolir.

vhde_2@yahoo.com.