Domingo 24 de Marzo de 2019
  

C A confesion de parte

Política de paz y seguridad del nuevo regimen


Por Vicente Hernández Delgado

El Plan Nacional de Paz y Seguridad propuesto por el nuevo gobierno federal ofrece una visión del combate a la violencia exacerbada que desde hace varias décadas tiene al país postrado ante las bandas del crimen organizado, tanto de las que actúan  fuera como al interior de los aparatos del Estado. Cómo sabemos, detrás de este grave flagelo existen causas complejas, así como expresiones y consecuencias nefastas para la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones encargadas de la procuración, administración de justicia y funciones de seguridad.

Dicha propuesta se da en el marco del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Seguridad Interior, declarándola en lo general inconstitucional -como habíamos advertido en tres entregas anteriores-, y por tanto, recomendando su completa revisión. Lo importante de esta decisión del máximo tribunal de nuestro país, es que sienta precedente sobre lo que sí y no debería hacerse en un nuevo marco regulatorio. Destaca entre otros temas, la atribución excesiva de facultades a las fuerzas armadas en el combate e investigación de delitos y la condición de estas fuerzas de seguridad de la naturaleza de sus funciones que han propiciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como han sido denunciadas por las víctimas, ONGs, CNDH y los organismos internacionales.

Regreso al tema que da origen a este título. Cómo toda propuesta, el Plan es perfectible y sujeto a la crítica de los ciudadanos en general. Al margen de que, buena parte de las opiniones han destacado lo negativo, con lo que medularmente estoy de acuerdo; también es conveniente señalar y criticar lo positivo, a efecto de hacer un análisis integral del mismo.

LO POSIBLE Y POSITIVO

En primer término se tipifica a la corrupción como delito grave. En la legislación penal hay distintos delitos de corrupción (cohecho, peculado, y oros) y actos de corrupción. En actos de corrupción es necesario distinguir entre los que son de mayor y menor cuantía. En términos de un derecho penal mínimo, coincido con quienes sostienen que debería castigarse con prisión el de mayor cuantía y el de menor llevarse fuera de prisión.

En cuanto a la ejecución, se requiere que el órgano investigatorio y persecutorio lleve las investigaciones con el mayor sigilo, rigurosidad y mano firme, a efecto de evitar que el acusado escape a la pena o sanción como sucede en múltiples ocasiones o en el peor de los casos y como ha sucedido, en vez de aplicar mano firme se aplica mano dura a los críticos o desafectos al gobierno en turno, lo que ha vulnerado las instituciones y politizado las funciones que a estas corresponden. Desde mi perspectiva, urge una nueva cultura de respeto a la legalidad, y junto a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe aprobarse un nuevo Código Penal Nacional.

En segundo término, la reformulación del combate a las drogas. Cómo sabemos, el nuevo gobierno ha dado un paso importante al despenalizar el uso de la mariguana con fines recreativos, pero si se pretende combatir y prevenir el uso y abuso de  drogas, habría que tener en cuenta adicciones que resultan perjudiciales para la salud y la convivencia social como las llamadas drogas duras definidas como ilícitas y otras permitidas como el consumo de alcohol, y que de acuerdo a las estadísticas, son causas de múltiples delitos en nuestro país.

Como alternativa a medidas de prevención y combate, sería conveniente promover lo que se  entiende por la justicia terapéutica - la que se ha aplicado en el tratamiento de delitos como adicciones, violencia doméstica, delincuencia juvenil, justicia familiar y programas de reinserción social-, y que de acuerdo a Wextle y Winick, es el estudio del papel de la ley como agente terapeútico, al ocuparse del impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar sicológico, no sólo del infractor sino de su entorno familiar cercano. De este modo, se otorga un tratamiento con  carácter humanitario a una conducta ilícita y delictiva y atiende las secuelas que tal conducta puede traer como consecuencia.

En tercer término, la dignificación y recuperación del sistema penitenciario en el país. Para nadie es secreto que el sistema carcelario no logra reinsertar al individuo socialmente y por el contrario, en las cárceles se cometen delitos graves desde adentro, que sirven de adiestramiento y diversificación en su actividad a delincuentes y que un alto porcentaje de ellos vuelve a delinquir y un 26% ha sido sentenciado anteriormente por algún otro delito (INEGI, 2016), es una cifra que parece baja si olvidamos que un gran porcentaje  de los reincidentes no vuelven a la cárcel o a ser sentenciados de nuevo.

Este es un tema que merece la mayor atención. La implantación de programas de reinserción social de individuos que han cumplido su sentencia carece de cifras confiables sobre su efectividad y basta conocer las condiciones sobre las cuales funciona el sistema carcelario para tener una idea de lo grave del tema. Aquí no sólo deben considerarse las formas de la justicia terapéutica sino las experiencias exitosas de otros países.

En cuarto lugar, el Plan nacional de Paz y Seguridad considera indispensable rescatar una política clara y definida de prevención del delito, como factor fundamental de toda política de seguridad pública, nacional y de paz. Durante muchos años se ha manejado como soporte esencial de todo programa orientado a la paz y seguridad social los factores de prevención, sin embargo advertimos el privilegio de una estrategia reactiva, frontal, inmediatista, para el combate del delito, que se refleja en la violación al principio de  presunción de inocencia, de los derechos humanos en general y de una cifra indeterminada de daños colaterales, como les llamó FCH). Sin duda, la recuperación de espacios públicos, la definición de espacios de violencia para instrumentar acciones de prevención e inteligencia policial, son al menos, opciones revisables y posibles de llevar a la práctica.

En cuanto a la amnistía. El anuncio del entonces candidato a la presidencia López Obrador en el Estado de Guerrero, acerca de considerar diversas opciones, entre ellas la amnistía, a personas que por no tener mejores opciones para vivir se ven precisados al cultivo, trasiego y venta de estupefacientes, ocasionó las más diversas reacciones en un ambiente de alta politización.

La propuesta en cuestión –que sólo puede ser instrumentada por el congreso-  contempla a quienes han cometido delitos no graves o que siendo graves son sometidos a escrutinio ante las consecuencias sociales de su incorporación en la ley de amnistía, de tal forma que, sujetos a un proceso de revisión de cada caso, podrían ser beneficiados con la libertad y apoyos para el cultivo de alimentos, incluyendo la mejoría del pago por tonelada de sus productos, o de otras actividades productivas que se impulsen.

La amnistía tiene como finalidad desintoxicar el sistema penitenciario y conservar el normal desarrollo de la vida en las comunidades, hoy con un tejido social roto debido a que muchos de sus integrantes se encuentran desaparecidos o en las cárceles del país. Sabemos que los pueblos y  comunidades son por naturaleza centros de reclutamiento para las bandas del crimen organizado. En el derecho penal se le llama Justicia Transicional a una amnistía que busca propósitos de pacificación y reinserción social a individuos que en el marco de un conflicto con modalidades de guerra convencional, acepten previa negociación, someterse a la autoridad del Estado, la ley  y sus instituciones vigentes; de ahí que su referente sean conflictos como el de Colombia y México, mediante la amnistía al EZLN.

Y en nuestra realidad actual, son el clima de inseguridad, la destrucción del tejido social, las grandes pérdidas en vidas humanas,  la tragedia para sus familiares, los altos niveles de incidencia delictiva y la participación de las fuerzas armadas desde el gobierno de FOX en el combate al crimen organizado, lo que está definiendo las nuevas formas de enfrentar estos problemas.

LOS RIESGOS POSIBLES

Si la justicia transicional y terapéutica son una buena parte de lo que ofrece El Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS), el instrumento de combate y pacificación del país será la Guardia Nacional (GN) que ya se encuentra operando y cuya función y acierto no es posible evaluar hasta el momento. La GN está conformada por integrantes de la policía militar de infantería, policía naval y policía federal. Cómo recordatorio, toda seguridad pública consiste en sancionar infracciones administrativas, prevenir delitos, investigarlos, perseguirlos y hacerse cargo de la reinserción de los sentenciados, lo que representa una tarea ardua y complicada. En el PNPS se dice que la GN se encargará de: a) prevención del delito, b) preservación de la seguridad pública, y c) el combate a la delincuencia en todo el país.

A título de ejemplo, sólo en funciones preventivas (según datos del Enecap, 2017), la PF utiliza casi el 58% de sus elementos operativos en unas 21 actividades distintas, aparte de otras como las de reacción ante el delito (41 actividades diferentes), seguridad de carreteras federales, aeropuertos y fronteras (39), las de resguardo de instalaciones estratégicas (6) y las de investigación científica e inteligencia (10); unas 117, según la misma fuente.

 Y para hacer más compleja y difícil esta tarea,  en materia preventiva del delito, la GN deberá adiestrarse en mediación de conflictos y control y dispersión de disturbios. En tareas de preservación de la seguridad pública deberán adiestrarse en pruebas de alcoholemia, escoltar procesiones, explicar sanciones a conductores que se hagan acreedores a éstas, y en cuanto a combate a la delincuencia, deberán aprender a entrevistar testigos, remitir denuncias ciudadanas, entre otras funciones.

Es decir, lo anterior requiere de una reingeniería institucional, establecer controles rigurosos a los integrantes, remunerarlos mejor, adiestrarlos adecuadamente en estas funciones y en las que se refieren al respeto a los derechos humanos, evitar disolver a la PF y aprovechar su experiencia,  preparar las condiciones para que los órganos debidamente capacitados y a partir de los resultados generados, la GN o como se le llame, pueda depurarse de la participación de las fuerzas armadas y se constituya como un órgano integrado por un cuerpo civil.

De otra manera, podrían cumplirse las peores predicciones de los especialistas y organismos internacionales: la militarización de la seguridad pública y sus ya conocidos excesos en materia de violación a los derechos humanos, poniendo en riesgo la aplicación de la justicia transicional y terapéutica anunciados en el PNPS.