Lunes 20 de Mayo de 2019
  

C A confesion de parte

¿Federalismo o Centralismo en la 4T?


Por Vicente Hernández Delgado                                    

(Tercera parte y última)

EL FEDERALISMO DEL SIGLO XXI

En el nuevo siglo continuó la tendencia centralizadora, cuando, con motivo de la llegada al poder de Vicente Fox en el año 2000, se erige una autonomía de los poderes locales (gobernadores-virreyes) que desprovistos del tutelaje del ejecutivo federal al pertenecer a un partido político distinto,  propicia un escandaloso aumento del poder discrecional e irresponsable del manejo  de los recursos públicos de parte de los gobernadores, debido a que no había mecanismos de control ni de rendición de cuentas y si los había, quedaron debilitados.

Sin duda, lo anterior pudo haber sido una de las causas del impulso en 2002, del nuevo marco normativo del acceso a la información pública y a la transparencia de los recursos públicos junto a la creación de los organismos vigilantes del cumplimiento del nuevo marco normativo aprobado paulatinamente en el país. No fue casual que en muchas entidades federativas se  impulsaran leyes a modo que diferían entre si y cuyo signo notable era el grado de mayor o menor  voluntad política en la apertura de la transparencia y rendición de cuentas. Ante esos vicios, fue necesario que la legislación de transparencia y rendición de cuentas de las entidades federativas se homologara tomando como modelo a la federal.

Tampoco  es casual que los casos más sonados de corrupción de gobernadores y secretarios de estado y su encauzamiento, correspondan al nuevo esquema normativo y legitimador de las acciones del gobierno. Ante la notable desconfianza de la federación a los gobiernos locales, se continuó con la tendencia centralizadora, ya sea por cuidar las manos a los nuevos  virreyes o por garantizar la gobernabilidad.  Durante el sexenio foxista, esta suerte de “centralismo correctivo” se expresa en legislaciones sobre trata de personas, políticas de prevención de la violencia, de igualdad entre hombres y mujeres -de equidad más bien-, de atención a víctimas, de derechos a niñas y niños, de delitos electorales, de partidos políticos, del servicio profesional docente, entre otras.

La creación del FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo), tuvo como razón principal la corrupción en el manejo de los recursos para el SNTE, la doble negociación salarial de este sindicato con los estados y federación, así como el manejo discrecional de las plazas de individuos que aparecían en comisiones y “aviadores”, junto a descuentos a los trabajadores que manejan los gobiernos estatales y no se reintegran a los supuestos beneficiados, ya sea en los rubros de vivienda o salud.

En octubre de 2013 se crea el Código General de Procedimientos Penales (y surge el impulso que hoy se da al nuevo Código Penal General) para el país. Detrás de esto se encuentra la puesta en vigor del nuevo Derecho Penal Acusatorio propuesto en la Reforma Penal del año 2008, la que exigía que en cada entidad federativa se impulsaran modificaciones y reformas necesarias en un plazo no mayor de 8 años. Las causas de la creación del citado CGPP fueron la falta de homogeneidad en los principios y lineamientos generados en muchas entidades federativas, y en casos extremos,  entidades donde ni siquiera se implantó un comité técnico de planeación para impulsar las reformas.

La reforma de 2014 en materia electoral también centralizó en el organismo electoral federal -conocido hoy como el INE-, las elecciones federales, estatales y municipales con el objeto de organizar mejor los procesos de elección y evitar que los gobernadores metieran las manos en las elecciones locales.

Un intento de federalizar y crear las bases de un sistema cooperativo entre federación, estados y municipios fue la declaración de guerra al crimen organizado por parte de Felipe de Calderón en 2006, cuando decide que sean las fuerzas armadas las que asuman las funciones de seguridad pública, sustituyendo en los hechos, la tarea que por ley les competía a los gobiernos estatales a través de sus cuerpos de seguridad, quienes optaron, como Pilatos, en “lavarse las manos” y dejar que esta tarea las asumieran las tropas de la marina y el ejército. Ante las inevitables violaciones a los derechos humanos y los cuestionamientos de los organismos nacionales e internacionales a estos excesos, las fuerzas armadas demandaron seguridad jurídica para el desempeño de sus funciones, las que se tradujeron en la parte final del gobierno de EPN,   en la Ley de Seguridad Interior, hoy declarada inconstitucional por la SCJN.

EL GOBIERNO DE AMLO:¿FEDERALIZAR O CENTRALIZAR?

Las elecciones del 1 de julio de 2018 instalaron en el país una nueva forma de comunicación política, otros temas en la agenda pública y en las formas de ejercer el poder por parte del poder ejecutivo federal y el Congreso Federal, así como en los ámbitos locales donde MORENA postuló y llevó a los cargos públicos a sus representantes. Con un respaldo de más del 53% de los votantes del padrón electoral vigente, el  nuevo ejecutivo federal asumió los destinos del país. La nueva vorágine ha puesto al país a la expectativa, con críticas e interrogantes ante las medidas tomadas.

Desde mi perspectiva, las posibilidades de un federalismo cooperativo no parecen muy claras en el esquema del nuevo gobierno aunque este apenas va a cumplir tres meses, doy al menos tres razones: la primera tiene que ver con la personalidad del nuevo gobierno, de características paternalistas (suele hacer recomendaciones de buenas prácticas o de comportamiento ético en sus discursos), pragmático (exonera a priori del juicio de la ciudadanía a gobernadores de dudosa eficacia o solvencia política), de factor de mediación ( cuando los líderes de la SNTE, acuden a él para pedir mediación en asuntos  del gremio) en decisiones que pueden contribuir a la gobernabilidad o con su esquema de gobierno pero poner en entredicho la autonomía de los otros poderes ( cuando envía un mensaje a la mayoría del Congreso del Estado, pertenecientes a MORENA para que encuentren una forma de entendimiento respecto a la aprobación del presupuesto con el gobernador QOC, o cuando envía la terna para ministros de la SCJN a personas afines - debo admitir que todos los gobernantes lo han hecho al igual que en muchos países para tener respaldo a sus proyectos-, o en el caso de los exorbitantes salarios de estos, exigiendo su homologación con el suyo), entre otros casos.

La segunda razón tiene que ver con el federalismo de orientación centralizadora que se encuentra muy arraigado en nuestra tradición constitucional, política y administrativa y de lo cual he abundado en estas entregas. Hacer el tránsito a un federalismo cooperativo requiere a mi juicio, de una reingeniería institucional y constitucional en la cual declara  estar empeñado el nuevo gobierno. Hoy se advierten  resistencias por parte de los gobernadores y sus partidos, principalmente por razones muy explicables.

La tercera razón tiene que ver con la ausencia de reales contrapesos, debido a la aniquilación de ciertos partidos y el debilitamiento de otros y la postura contraria al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que podrían abrir la puerta para que cualquier tentación centralizadora pudiera continuar y reforzarse.

El tema tratado a continuación resulta interesante y requiere ponerle atención. En 1976, se crearon en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Federales, las delegaciones federales para cada entidad federativa. Con el nuevo gobierno, se creó la figura del Delegado de los Programas para el Desarrollo, considerados por quienes han criticado esta medida como “Superdelegados”, al atribuirle funciones exhorbitantes por encima de las delegaciones creadas en la citada ley. Nombrados para los estados de la federación, tendrán un coordinador desde la Oficina de la Presidencia de la república.

La propuesta de Mario Delgado para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal declara instaurar un método de revisión del actual esquema de representación de la federación en los estados, donde las delegaciones no desaparecen como tal y pasan a ser “Oficinas de Representación” en las respectivas entidades federativas o dependencias, lo que significa revisar su grado de eficiencia en la gestión de los asuntos públicos que los gobiernos locales y municipales deban hacer ante el ejecutivo federal, de tal manera que los gobiernos aludidos gestionen lo que a ellos compete directamente con los delegados en su condición de representantes del ejecutivo federal.

La propuesta pretende además, someter a revisión el funcionamiento de muchas dependencias diseminadas en el país y que son infuncionales o inoperantes, donde los delegados son meras figuras decorativas, aprovechan para realizar relaciones políticas y/o tráficos de influencias o lugar para políticos desempleados. Hasta ahí la reforma anunciada no tiene  orientación centralizadora ni un riesgo para el modelo federal debido a que sus objetivos son el adecuado manejo de los recursos públicos, evitar la intermediación, las ausencias de los gobernadores y munícipes cuando han debido ir a la capital a hacer gestiones para sus regiones, el trato preferencial, la eficiencia en la gestión pública. El riesgo existe en la posibilidad de que estas delegaciones sirvan para fomentar los mismos vicios que pretende resolver o sean concentradoras de un poder que permita situarles encima de los gobiernos locales o asumir criterios discrecionales en la gestión de los asuntos públicos, o se vuelvan meros espacios de proyección política.

Finalmente, este federalismo con tendencia centralizadora surgió del pragmatismo de los gobernantes en turno para corregir muchos de los defectos del diseño del federalismo, del régimen de partido único, de los cacicazgos de distinto tipo, de las componendas que derivaron en desvío de recursos públicosy de la corrupción de las instituciones.