Martes 15 de Octubre de 2019
  

C A confesion de parte

Estado laico y matrimonio igualitario/Segunda Parte


Por Vicente Hernández Delgado

Parte II

TRIBUNAL DE ESTRASBURGO Y MATRIMONIO IGUALITARIO

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocido como Tribunal de Estrasburgo, del 25 de junio del año 2010, pareció definir el rumbo que seguiría el tema del matrimonio igualitario en el mundo. En ella, el alto tribunal resuelve sobre una demanda que una pareja gay estableció contra el estado Austriaco por negarse a casarlos en septiembre de  2002, luego que en abril de 2003, el gobierno provincial de la capital austriaca había ratificado la decisión del ayuntamiento, alegando que sólo podían contraer matrimonio dos personas de sexo distinto.

Los demandantes llevaron el caso ante el Tribunal de Estrasburgo alegando una infracción del derecho al matrimonio remitiéndose al artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues la pareja consideraba que era víctima de discriminación y que el estado austriaco había cometido falta de respeto hacía la vida privada y familiar de los quejosos. El alto tribunal resolvió que el artículo 12 invocado no establece la obligación del Estado austriaco de “abrir el acceso” a ese derecho a una pareja homosexual.

Sin embargo, el alto tribunal reconoció que si bien desde 1950 el matrimonio es considerado como “la unión de un hombre y una mujer”, por parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, algunos Estados han actualizado el concepto del matrimonio para hacerlo extensivo a las parejas del mismo sexo. En la declaración que permitió conocer su resolución, el alto tribunal aclara que su decisión no supone un posicionamiento en contra de las uniones de personas de un mismo sexo, sino que considera que el reconocimiento del matrimonio homosexual en las legislaciones de los distintos países, corresponde al ámbito del ejercicio de la soberanía de cada Estado, pero que no existe obligación de esos Estados a admitirlo.

Las decisiones de los tribunales suelen ser de carácter restrictivas o dinámicas. La del alto tribunal se encuentra dentro de la primera, teniendo en cuenta el tipo de resolución apegada a una concepción muy tradicional del matrimonio. Con todo, a la fecha son más de 22 países los que han tomado decisiones dinámicas, legalizado las uniones considerándolas matrimonios igualitarios (Argentina, Bélgica, Brasil, Escocia, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda, Islandia, México, Noruega, , Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay) y 19 en donde se permite otra forma de unión homosexual (Alemania, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Austria, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Australia, Israel, Malta, México, República Checa y Suiza) .

Para variar, en nuestro país, al menos 24  entidades federativas han resuelto legalizar el matrimonio igualitario junto a otras dentro del rango de llamarles de otra manera, por ejemplo “sociedades de convivencia”, en el caso de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO

Bajo la influencia de los gobiernos de izquierda, en noviembre de 2006 se aprueba por primera vez la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, publicada en su Gaceta Oficial, reconociendo las uniones de personas de un mismo sexo. Luego, en junio de 2009, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprueba el matrimonio de personas del mismo sexo, seguida de las legislaturas de los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila. En enero de 2010, la Suprema Corte emite un fallo a favor del matrimonio de personas de un mismo sexo llevados a cabo en la ciudad de México para que sean válidos en todo el país.

Sin embargo, en febrero de 2010 los estados de Baja California, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Morelos y Tlaxcala, interponen una Controversia Constitucional para impedir que la Ley de Sociedad de Convivencia tenga efecto en dichos estados. En concordancia con el fallo de la Corte, en marzo de 2010 se pone en vigor la reforma a la Ley que permite modificar el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, donde se define el matrimonio como la unión libre de dos personas. Como se advierte, el uso de un lenguaje neutro se basa en la observancia de las decisiones y regulaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, apoyadas a su vez en el principio pro persona, de igualdad y de no discriminación. En junio de 2010, Javier Gutiérrez y Carlos Ramos interponen un amparo ante la negativa del ISSSTE para reconocerles el derecho a la seguridad social, por lo cual la Corte les otorgó amparo en abril del año 2011.

LA CORTE Y EL MATRIMONIO IGUALITARIO

Pasaron cinco años a partir de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Semanario Judicial de la Federación publicó en junio de 2015 la tesis jurisprudencial 43/2015 de su Primera Sala, determinando la inconstitucionalidad de la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, en clara interpretación del artículo 1º de la Constitución.

Algunos estudiosos del artículo 1º de la Constitución (Mata Quintero, y otros) sostienen dos premisas: la primera, La jurisprudencia, en términos de la Ley de Amparo, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, pero no para las autoridades administrativas que intervienen en la celebración del contrato del matrimonio, por lo que éstas aún podrían negarse a autorizar matrimonios de personas de un mismo sexo, lo que ocasionaría que las personas afectadas podrían acudir al juicio de amparo para obtener la protección de la justicia federal y así poder obtener permiso para contraer matrimonio.

La segunda y que me parece más pertinente, consiste en que el artículo 1º ya invocado, establece la obligación de maximizar la protección de los derechos de las personas, por lo que las autoridades administrativas tendrían también el deber y no sólo la posibilidad, de fundar sus actos en la resolución de inconstitucionalidad realizada por la Primera Sala, a efecto de interpretar y actuar en contra de aquellas disposiciones normativas que impidan que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.

La obligación de maximizar la protección de los derechos de las personas, supone que todas las autoridades públicas del país, sin importar nivel o rango, tienen responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas, así como los deberes específicos de prevenir y reparar violaciones a derechos, las mismas que configuran la competencia constitucional de cualquier autoridad al ejercer la función o servicio público que les corresponda.

La Corte, al emitir su resolución valoró el contenido del artículo 1º, párrafo 3o de la CPEUM anterior a la reforma de 2011 y el artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). Consideró que a partir de la reforma de 2011, todas las autoridades del Estado Mexicano se encuentran obligadas a velar por el derecho de las personas, por lo cual deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado mexicano, favoreciendo a las personas y garantizando la protección más amplia. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que el control de la convención, obliga a los estados participantes en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados.

LA PROPUESTA DE EPN

El día 17 de mayo del año 2016, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer una iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional, con el fin de reconocer “el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser objeto de discriminación por su origen étnico o racial, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual”. La iniciativa, publicada en el portal de la presidencia de la república, y que sería enviada al Congreso al mes siguiente,  hace una detallada relatoría de los precedentes que han sentado jurisprudencia en relación a las personas que por razones de su preferencia sexual, han acudido a los tribunales federales a reclamar sus derechos constitucionales.

La iniciativa buscaba incorporar con claridad el criterio de la Suprema Corte de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna, además incluyó una iniciativa de reforma al código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario y que éste se realice sin discriminación entre personas Mayores de 18 años, acorde a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

ACCIONES RECIENTES

En octubre de 2018, la SCJN emitió una sentencia favorable a mexicanos del mismo sexo que deseen contraer matrimonio vía consular, debido a que en mayo de ese año una pareja de mexicanos había solicitado casarse en el consulado de Nueva York, donde su petición les había sido rechazada. La Corte consideró que había habido trato discriminatorio y que, al ser derechos protegidos, la interpretación de la ley debió haber sido más extensiva

 En noviembre del mismo año, el Senado aprobó que se haga efectivo el acceso a las prestaciones de seguridad social para las parejas del mismo sexo, faltando la aprobación de la cámara de Diputados.

En mayo del año en curso, la Secretaria de Relaciones Exteriores anunció que implementará cambios en los procedimientos consulares y empezará a interpretar la ley de manera no discriminatoria, y garantizará que las parejas de connacionales del mismo sexo que deseen contraer matrimonio, podrán hacerlo.

¿LA ETICA PRIVADA PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE UNA ÉTICA PÚBLICA Y SER UN  ARGUMENTO CONTRA EL ESTADO LAICO?

Pese a las definiciones acerca del Estado Laico, el martes 18 de junio del año en curso, el H. Congreso del estado de Sinaloa resolvió en una votación de 18 contra 20 legisladores, rechazar la legalización del matrimonio igualitario, hecho que a nuestro juicio representa un grave retroceso, a partir de las consideraciones siguientes:

Primera.- Tal resolución es violatoria de derechos humanos establecidos en el artículo 1º, quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el principio de igualdad entre los individuos;

Segunda.-  Está afectado de inconstitucionalidad, en virtud de que la SCJN resolvió en su tesis jurisprudencial 43/2015 correspondiente a su Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, declarar legalmente establecido el matrimonio igualitario, creando el precedente jurisprudencial para que las legislaturas locales hicieran las reformas concernientes en los códigos civiles locales y advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de cualquier reforma o resolución en sentido contrario. Tal resolución de la Corte surgió de la interpretación al artículo primero, párrafo tercero de la CPUM antes de su reforma de 2011 y del artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), entre otros acuerdos y convenciones internacionales;

Tercera.- Se violentaron gravemente los principios del Estado laico y de  Laicidad: cuando los 20  representantes de la actual legislatura alegaron convicciones  morales y religiosas en contrario y se olvidaron que aún como legisladores están impedidos de anteponer esas convicciones muy propias e imponerlas como reglas de conducta a sujetos difusos, los mismos que pueden coincidir pero también discrepar de las convicciones particulares de estos, peor aún, cuando se debe legislar para favorecer un clima de tolerancia y respeto a la diversidad, a los principios constitucionales de igualdad, pluralidad y al interés general y no a valores que corresponden a un estado confesional.


Vicente Hernandez Delgado

vhde_2@yahoo.com.mx