Lunes 11 de Noviembre de 2019
  

C A confesion de parte

Estrategia de seguridad, puesta a prueba


Por Vicente Hernández Delgado

Uno de los temas más complicados en México durante los últimos 18 o 20 años que enfrentan los tres niveles de gobierno, lo constituye la política de seguridad pública que se instrumenta para prevenir y combatir los delitos. El tema de la seguridad pública es con mucho, el talón  de Aquiles de los gobiernos desde que en nuestro país la violencia ha ido en aumento, diversificándose, expandiéndose, arraigándose. Detrás de este flagelo están factores variados y complejos: un modelo socio económico inequitativo y el consiguiente deterioro del tejido social, una legislación que en las entidades suele aplicarse a modo contra este tipo de delincuencia, una debilidad del Estado en sus distintas variables debido a la corrupción y complicidad de muchos funcionarios de los distintos niveles de la esfera pública con los delincuentes, junto a la permisión reflejada en la impunidad del actuar de estos grupos que operan al margen de la Ley.

Los hechos acaecidos el jueves 17 de octubre del año en curso en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; son el reflejo de lo que en muchas partes del país está sucediendo ante el accionar de las fuerzas de seguridad: bloqueos y quema de vehículos, disparos a plena luz del día, riesgo grave de que ciudadanos inocentes pierdan la vida, agresiones a las fuerzas del orden, amenazas a sus familiares y en los casos extremos, liberación de reos para integrarlos a sus filas.

La paz narca de la que nos jactábamos consistía en el resultado de arreglos entre funcionarios de los gobiernos en turno para respetar áreas de influencia territorial, y una vergonzante actitud del avestruz ante el continuo secuestro de personas-hombres y mujeres-, la extorsión, el chantaje, tráfico de estupefacientes y los ajustes de cuentas entre grupos rivales o con sujetos determinados resueltas a la luz del día. Ha sido el laisser faisser-laisser paisser que Adám Smith diseñó con propósitos de libre mercado.

De este modo, cuando en Tamaulipas un grupo de zetas mató a un candidato a la gubernatura y  cuando las fuerzas de El Mencho abatieron un helicóptero, pusieron retenes y quemaron vehículos en las calles de la periferia de Guadalajara, dijimos -callando nuestras vergüenzas y temores-, que esto nunca sucedería porque ya había un pacto y entonces suspirábamos  tranquilos, “eso nunca sucederá en Sinaloa, nos decíamos” una y otra vez.

Bastó una operación mal planeada y peor llevada por parte de las fuerzas de seguridad, para que se demostrara lo frágil que son nuestras instituciones y nuestras fuerzas de seguridad, y que los delincuentes tuvieran motivos y circunstancias suficientes para desafiar a esas instituciones con las que se han coludido, y obligar al Estado a ceder en su propósito de combatir y llevar delincuentes ante la justicia, al menos en esta ocasión, liberando a Ovidio Guzmán López, uno de los herederos de los negocios de El Chapo, su padre.

He reiterado algunas veces que detrás de las declaraciones del presidente en torno a la forma en que debe combatirse a los delincuentes, generalmente en tono aparentemente ingenuo y que se presta a lo anecdótico, hay una visión de política criminal que se diferencia de la de los anteriores gobiernos, y pongo como ejemplo la postura que Edgardo Buscaglia, un especialista y referente internacional en Seguridad pública y nacional en relación a la liberación de Ovidio Guzmán López, donde coincide plenamente con los criterios que llevaron al Gabinete de Seguridad y a la posterior aprobación del presidente, en lo relativo a evitar un mal mayor donde la ciudadanía estuviera en peligro.

Desde luego, coincido con la mayoría de los interlocutores con los que he comentado este caso, en el sentido de que el Estado evidenció una grave debilidad y una afrenta que le restará legitimidad en sus acciones futuras, las que sólo se resolverán mediante operaciones eficaces y una estrategia de seguridad adecuada. No me parece que estemos en presencia de un Estado fallido como algunos, presurosos han comentado, si hay en cambio zonas del país que son controladas por el crimen organizado por grupos pequeños de bandas que han pretendido tomar el control dejado por grupos poderosos en proceso o en franca extinción. La longevidad del cártel de Sinaloa se debe a esa convivencia y pacto al que ya me referí.

Como sabemos, buena parte de la estrategia de seguridad instrumentada por cada gobierno está sujeta a reserva para no alertar a la delincuencia, de manera que el ciudadano de a pié nunca llega a entenderla por completo, por eso es que me pronuncio porque esta esté sometida a revisión o evaluación sistemática, al menos en vista de los graves acontecimientos acaecidos en Culiacán esta debe ser puesta a revisión, junto a la planeación y ejecución de las acciones operativas de captura de delincuentes. Y desde luego, debemos pasar de las expresiones paternales  referidas a los delincuentes porque estas confunden más que aclarar los criterios del Estado en el ejercicio de su labor punitiva.

vhde_2@yahoo.com.mx