Miércoles 11 de Diciembre de 2019
  

C A confesion de parte

¿Para qué sirve la revocación de mandato?


Por Vicente Hernández Delgado

El pasado 15 de octubre, el senado de la República aprobó en lo general las reformas a la Constitución General en materia de  Revocación de  Mandato, una de las propuestas que el hoy presidente Andrés López Obrador se había comprometido a impulsar durante su campaña rumbo a la primera magistratura. A reserva de los ajustes que puedan hacerse en el análisis particular de la iniciativa, considero que éstos serán poco relevantes. Desde mi perspectiva se imponen algunas reflexiones  y comentarios en relación a esta medida trascendente.

Pero vayamos por partes. La figura de la revocación del mandato está presente desde hace tiempo en las legislaciones y constituciones locales de algunas entidades federativas, observándose una cierta dispersión en sus contenidos y poca aplicación de esa figura, al menos en cuanto a poner a consideración de los ciudadanos la continuidad o no de algún servidor público en el cargo cuando existen indicios de hechos de corrupción cometidos en perjuicio de los recursos públicos.

Un análisis puntual de los artículos 2º, 39 y 41 de la Constitución General de la República, nos permite interpretar que además del sistema de representación del mandato, es posible la existencia de otras formas de participación de los ciudadanos, nos referimos al referéndum, plebiscito, iniciativa popular y distintas modalidades de consulta ciudadana, entre las que existe la revocación del mandato. Se trata de formas de la democracia participativa o directa que han tomado carta de naturalización ante la crisis y desgaste de la democracia representativa, no con el fin de sustituirla, sino de complementarla.

Desde 2011 México ha suscrito convenios y compromisos internacionales para impulsar las formas de la democracia participativa a efecto de lograr mejores sinergias entre ciudadanía y gobierno, las mismas que, bajo la cobertura de la Asociación por el Gobierno Abierto (AGA) pretende junto a otros temas relevantes, cumplir con objetivos que se han fijado los gobiernos pertenecientes a este organismo mundial. Tales temas a resolver corresponden a la realidad concreta de estos países donde la ciudadanía y los gobiernos establecen nuevas formas de operar en la solución de los problemas regionales y nacionales.

 En ese tenor se han planteado la creación de los parlamentos Abiertos, Cabildos Abiertos, Justicia Abierta, e incluido en las legislaciones locales y federales desde hace mayor tiempo, la consulta ciudadana, iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, y revocación de mandato. Empero, es esta última figura la que más polémica ha causado entre los partidos opositores, la derecha en general y críticos al gobierno actual, empecemos entonces por su definición:

De acuerdo con el Diccionario de Ciencia Política coordinado por  Dieter Nohlen, la revocación de mandato es considerada “el procedimiento institucional que permite la remoción de los representantes electos por parte de sus electores”. Para Mario Justo López, tratadista Argentino,  “ la revocación de mandato o recall es un procedimiento para destituir a los representantes o funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su actuación, y cuyo objeto radica en mantener constantemente responsables ante sus electores a los funcionarios públicos elegidos”. De acuerdo a Daniel Zovatto, “la revocación de mandato otorga a la población la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular como resultado de un proceso de consulta popular”, y en un sentido más claro, se trata de un instrumento de defensa de los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de un gobernante notoriamente impopular.

LOS PRECEDENTES EN MEXICO Y OTROS PAÍSES

La figura de la revocación de mandato está incluida en las constituciones y legislaciones locales de las 32 entidades de la república, y en los casos de los estados de Yucatán y Chihuahua, la Suprema Corte ha hecho declaratorias de inconstitucionalidad de esa figura por no estar previstas en la Constitución federal y porque en opinión de este tribunal, las únicas causas de inhabilitación y destitución de funcionarios electos son las que corresponden al título IV de la CPEUM. De manera complementaria, el artículo 115, base 1, párrafo tercero de la Constitución Federal establece una forma de revocación de mandato no ciudadana en los términos siguientes:

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

Sin embargo, la reforma constitucional que comentaremos se refiere a la modalidad que dio origen a la revocación de mandato, es decir,  un procedimiento de consulta ciudadana para que los funcionarios electos rindan cuentas y los ciudadanos puedan decidir que sus representantes continúen o no con el encargo a partir de la consideración de que sus intereses colectivos están siendo satisfechos. Es una forma de la democracia directa que complementa las deficiencias de la democracia representativa al empoderar a los ciudadanos.

Es también considerada como una variante invertida de la elección de representantes a partir de una petición de  cierto porcentaje de ciudadanos o cierta cantidad de firmas, para someter a la aprobación de los votantes la continuidad o remoción en el cargo de un servidor público electo antes del plazo determinado por la ley.

La figura de la revocación de mandato se encuentra en las legislaciones de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y Venezuela, pero es en Ecuador, Bolivia y Venezuela donde se encuentra contemplada para el poder ejecutivo federal. En 2004, el entonces presidente Hugo Chávez se sometió a un procedimiento revocatorio obteniendo el 40.74 % a favor de la revocación,  frente a un 59.25% que votó por la negativa. En 2008, el presidente Boliviano Evo Morales se sometió a un procedimiento de revocación de mandato del que salió fortalecido.

En los Estados Unidos la figura revocatoria del mandato existe desde hace casi un siglo y está contemplada en las legislaciones de Alaska, Arizona, Kansas, Nueva Jersey, Luisiana, Dakota del Norte, California, Michigan, Oregón, Colorado, Minessota, Rhode Island, Georgia, Montana, Washington, Idaho, Nevada y Wisconsin. Gracias al recall , se han celebrado cerca de cinco mil procedimientos. En Montana se permite la revocación del cargo de funcionarios administrativos no electos popularmente y en la mayoría de los estados se prohíbe su aplicación en los primeros 12 meses del cargo y en cinco estados, durante los últimos 180 días en el ejercicio del cargo.

La figura revocatoria existe además en Taiwán, Etiopia, Nigeria, Liechenstein; y en la confederación Helvética la contemplan los cantones de Berna, Ticino, Uri, Thurgau, Schaffhautenstein y Solothurn. Puede advertirse entonces, que la figura que examinamos nada tiene que ver con propósitos reeleccionistas o dictatoriales, por el contrario tiene que ver con propósitos de control de la ciudadanía sobre la manera en que ejercen el cargo  los funcionarios electos y designados en los casos señalados.

LA REFORMA A LA CONSTITUCION FEDERAL

La reforma a los artículos 35, 84, 116 y 122 así como el primero, tercero, cuarto y quinto transitorios de la CPEUM, aprobada por las cámaras de diputados y senadores requirió de un serio debate acerca de los límites de la democracia representativa y la necesidad de promover la participación de los ciudadanos en asuntos de gran trascendencia para la vida pública.

Aparte de la Revocación de Mandato, se aprobó la figura de la Consulta Popular en una asamblea en la que participaron 121 senadores, de los cuales 98 votaron a favor, 22 en contra y 1 abstención, ahí se definió a la Revocación de Mandato como:

“…el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza”.

Por razones claras, ni la consulta popular ni la solicitud de revocación de mandato se realizarán en temporadas electorales sino después de concluidos estos procesos. La revocación de mandato se  aplicará para el ejecutivo federal, los ejecutivos locales y jefe de gobierno de la Cd. de México.

De acuerdo a las reformas, sólo los ciudadanos podrán pedir la aplicación de la revocación de mandato, correspondiendo al INE organizar el proceso de la consulta. Para tal efecto se requiere de un 3% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nacional de Electores con la aprobación de al menos 17 legislaturas de las entidades federativas del país y que representen un mínimo del 3% de las Listas Nominales de cada una de las legislaturas. Para ello, es necesario que la solicitud de  firmas inicie en noviembre hasta el 15 de diciembre de 2021 y la petición correspondiente de la revocación de mandato deba presentarse durante los primeros 15 días del mes de diciembre de 2021.

En lo que a la Consulta Popular se refiere, esta se hará en temas de interés nacional y locales, determinándose cuáles serán los temas a consultar. De manera más puntual la reforma señala que temas no podrán ser objeto de consultas, destacando: obras de infraestructura en ejecución, tampoco en materia electoral, sobre el sistema financiero, ingreso, gasto y presupuesto de egresos de la federación y en materia de seguridad nacional, además sobre restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano, ni las  garantías de protección.

COMENTARIOS FINALES
  • A). La figura de la revocación de mandato es un instrumento de evaluación sobre el desempeño de un funcionario o servidor público y define su permanencia o no en el encargo. No se advierte en su contenido ningún intento reeleccionista como se ha señalado de parte de algunos sectores opositores, porque no contempla reforma alguna en materia de reelección en el encargo para los ejecutivos locales y federal.
  • B). La regulación de la consulta popular define de una vez por todas el tipo de  temas que podrán o no ser sometidos a consulta ciudadana, por lo que se da un paso muy definido en la legalidad y/o legitimidad de las opiniones de la ciudadanía. Ambas formas de participación ciudadanas corresponden a la democracia directa o participativa.
  • C). La figura de la revocación de mandato o recall proviene de la tradición anglosajona igual que el término impeachment, pero no significan lo mismo, pues esta última procede previa declaración del congreso quien investiga las conductas ilícitas del ejecutivo federal o local que ameritan el cese fulminante del encargo a quien ponen a consideración de la justicia local o federal para que lo procese y de ser culpable,  le impongan  una pena, y
  • D). En los países donde su aplicación tiene larga data y se ha llegado al perfeccionamiento de estas prácticas, la democracia participativa se ha consolidado y en ninguna forma ha dado lugar a las formas dictatoriales. México a diferencia de otros países no contempla la reelección del presidente ni gobernadores en su constitución federal ni locales.