Jueves 14 de Diciembre de 2017
  

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Reporte Especial Paralelo 23: Desplazamientos internos forzados por la violencia en México

Reporte Especial Paralelo 23: Desplazamientos internos forzados por la violencia en México

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Por Roberto Carlos López López (*)

En nuestro país, la migración forzada o el desplazamiento forzado se empezó a documentar a partir de la insurrección zapatista en la década de 1990 en Chiapas. Desde entonces, se han hecho públicos desplazamientos forzados por distintas causas, como son étnicas, religiosas, políticas, delictivas, agrarias, “extractivistas”, por construcción de infraestructura, por “causas naturales” o desastres humanos. Pero, posiblemente, la de mayor impacto ha sido la causada desde 2007 por la violencia de alta intensidad relacionada a los cárteles de la droga y la respuesta policiaca y militar del gobierno mexicano.

De acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre, el Norwegian Refugee Council y Refugees International, la “guerra contra las drogas” constituye un conflicto armado interno y una crisis humanitaria encubierta, ya que miles de personas han sido asesinadas, y miles de familias y comunidades rurales (algunas enteras), han sido expulsadas por los cárteles de la droga, los cuales tratan de apoderarse de sus tierras y de los recursos naturales o tener el control del territorio. Así, familias se han visto forzadas a huir, dejando sus hogares y medios de subsistencia, como consecuencia de los asesinatos selectivos, las amenazas, los secuestros y las extorsiones.

Las entidades afectadas por desplazamiento interno (incluso internacionales) por esta situación son: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Morelos, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. En los demás estados donde operan los cárteles, los desplazamientos forzados no han sido muy visibles, porque se trata de desplazamientos no de grandes grupos de personas, sino de individuos o familias dispersas lo que dificulta su registro.

En 2014, el Internal Displacement Monitoring Centre y el Norwegian Refugee Council, estimaron que, hasta 2013, había en nuestro país entre 160 y 180 mil desplazados por la violencia criminal. En 2015, el mismo Observatorio y el Consejo estimaron que, hasta 2014, había en México, al menos, 281,400 desplazados internos, principalmente por la violencia criminal y la lucha del gobierno para combatir a los cárteles y a otros grupos del crimen organizado. Hasta ese año, los datos provenían de la sociedad civil y de fuentes académicas, y no había cifras oficiales. En 2017, el Observatorio publicó que, hasta 2016, había 311,000 desplazados internos en México, por conflictos y violencia; y la principal fuente fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Observatorio advierte que, dado que el Gobierno de México no reconoce oficialmente el fenómeno del desplazamiento interno, las estimaciones han sido históricamente difíciles de producir y pueden variar significativamente de una fuente a otra. Además, entre las razones de que haya poca información y sea ésta no sistemática sobre el desplazamiento interno por violencia en México, son debido a que los eventos de desplazamiento son localizados en las entidades y que el fenómeno no ha sido visibilizado lo suficiente en muchas de ellas. Hay pocas mediciones y las estimaciones son en realidad sub registros que se realizan mucho después a las acciones violentas que ocasionan los desplazamientos y también, se cree que muchas personas fueron desplazadas en pequeñas cantidades y encontraron sus propias soluciones, por lo que la verdadera magnitud del desplazamiento es difícil de medir.

Respecto a los patrones de los desplazamientos por la violencia en México, en realidad, son cambiantes y diversos. Las personas y familias han sido desplazadas de su localidad en masa y en regueros (dispersos), ya sea de una rural y semi-rural a las zonas suburbanas, de una suburbana a las zonas urbanas, de una urbana a las zonas suburbanas, de una zona urbana a otra, y desplazamientos intra-urbanos.

Coincido con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en que México todavía no reconoce oficialmente a los desplazamientos internos, y las respuestas han sido fragmentarias e insuficientes. No existe una Ley General que atienda a los desplazados en nuestro país. No obstante, hay precedentes jurídicos importantes para la creación de una amplia legislación. Ellos son la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero y la Ley General de Víctimas. Sin embargo, ninguna ley cumple, completamente, las necesidades particulares de las personas desplazadas, ya sea, por la falta de una reglamentación o porque, sencillamente, no se ha definido la especificidad del fenómeno lo que dificulta, también, su registro y su atención.

Falta mucho por hacer, y desde la academia y los centros de investigación podemos estudiar y explicar este fenómeno, y no menos importante, visibilizarlo más y ayudar, en la medida de lo posible, a que sean reconocidos estas personas en la Legislación, no sólo como víctimas de la violencia, sino como personas desplazadas internamente, y por supuesto, presionar para que los gobiernos los tomen en cuenta a ellos en la agenda pública, en la elaboración de más leyes y que se implementen políticas públicas para la atención de sus necesidades y circunstancias.

(*) Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara


rocaloz@hotmail.com

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