Martes 14 de Julio de 2020
  

S Sinaloa Sur

Tiburonario de Mazatlán ¿ya para qué?

Tiburonario de Mazatlán ¿ya para qué?

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  • El 28 de abril 2020 venció plazo para “reparar el daño” que excarceló a 3 ex servidores públicos y garantizó impunidad a sus jefes.-
  • ¿Quién pagará los 72 millones 140 mil 212 pesos más intereses y actualizaciones del índice de precios al consumidor?.-
  • El 28 de noviembre de 2018 fue formalizado el convenio de concesión que inhabilita a las instalaciones actuales para fines marinos. ¿Lo sabía el Fiscal General?.-

Por Mario Martini

Con excepción de un par de hechos históricos, algunas epidemias de resonancia mundial, la boda post mortem del Ruiseñor Mexicano para hurtar sus joyas, uno que otro exabrupto de servidores públicos que incluyó la golpiza que un presidente municipal propinó a su esposa casi frente a los ojos atónitos de Marthita Sahagún o el estruendo carnavalero que alguna vez quiso ser internacional, Mazatlán no ha sido del interés mundial o nacional en sus casi 227 años de existencia oficial. Pero ningún otro acontecimiento del pasado había causado tanta indignación y vergüenza a los mazatlecos como el colapso del tiburonario más caro de la historia de los acuarios del mundo que ameritó un espacio en el libro México Bizarro 2 de Alejandro Rosas y Julio Patán bajo el título de la serie de terror de 2013  “¿Sharknado?, el tiburonario de Mazatlán” y que inicia así: “No, no era la versión mexicana de Sharknado –no había posibilidad de que los tiburones llegaran volando-, pero por un rato los habitantes de Mazatlán consideraron posible toparse con un tiburón en plena calle.

“Y no fue para menos, 2.5 millones de litros cúbicos de agua de mar del más promocionado y presumido tiburonario del mundo se fueron a la alcantarilla en unos cuantos minutos ante la sorpresa de una ciudad que estaba lista para entrar a las grandes ligas de las atracciones marinas del Pacífico, después de inaugurarlo el 23 de diciembre de 2016 que por supuesto incluyó la exhibición de 23 tiburones de 5 especies distintas “que nadaban alegremente por la pecera”. En realidad había 200 ejemplares de diversas especies y 13 tiburones.

Relatan Patán y Rosas: “Con excepción del gobernador del estado, la plana mayor del gobierno estatal y del local estaban presentes. Como nunca falta algún lambiscón con grandes ocurrencias, los invitados fueron recibidos por dos buzos que hicieron una inmersión y, en medio de los tiburones, desplegaron una lona que decía: Tiburonario Acuario Mazatlán.

“Todo era alegría y orgullo, pero 38 días después se escuchó de manera inesperada el tema de la película Tiburón en todo Mazatlán. El reloj marcaba cerca de las 6 de la tarde del 1 de febrero de 2017. Los últimos visitantes del acuario y del tiburonario habían dejado el lugar. En el interior solo se encontraban los empleados. De pronto, uno de los acrílicos colapsó y el agua comenzó a inundarlo todo. Si hubiera sido una embarcación, habría terminado en el fondo del mar en un santiamén. Miles de litros de agua salada se derramaron, y en unos minutos el tiburonario, el estacionamiento y las calles aledañas estaban anegadas: fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia para hacerle frente a la crisis…” Lo que Patán y Rosas no sabían entonces es que la serie de acontecimientos que siguieron al colapso merecen estar en México Bizarro 3: después de un largo proceso, denuncias, indignación, oficios de ida y vuelta, gruesos expedientes de peritajes forenses y la captura de tres charales menores del gobierno de Mario López Valdez, el fraude avanzó a escalas de engaño y burla que regresó a todos los implicados al mundo protector de la impunidad, bajo la promesa incumplida de “reparar el daño en 6 meses” que se cumplieron el pasado 27 de mayo 2020. ¿Ignoraba el fiscal Juan José Ríos Estavillo que en el convenio de concesión del nuevo acuario existe el impedimento para que el gobierno municipal desarrolle algún proyecto marino en las actuales instalaciones que deberán cerrar 3 meses antes de que empiece a funcionar el nuevo acuario Mar de Cortés? ¿Sabía que este convenio invalida la reparación del daño que excarceló a 3 funcionarios y garantizó impunidad a sus jefes? ¿Inocencia, omisión o complicidad?

Como se hacen las cosas en México
Ya para irse –era 2010-, el entonces presidente municipal de Mazatlán Jorge Abel López Sánchez, entusiasmado por el éxito de la espectacular pecera oceánica que construyeron con personal y recursos propios del Acuario Mazatlán, tomó impulso y fue a plantarle cara al entonces secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado Quirino Ordaz Coppel, célebre por ser muy duro para soltar dinero aunque fuera ajeno, a quien le propuso construir un tiburonario que sería el parteagüas –el término fue certera premonición- en el catálogo de atracciones turísticas que ofrece el puerto de Mazatlán, algo que no había ocurrido desde la construcción de la espectacular discoteca Valentino´s sobre un risco desde donde se observa a plenitud la belleza del puerto.

Ordaz Coppel –hotelero, promotor turístico del puerto y actual gobernador del estado- no vio con malos ojos el proyecto ejecutivo que personalmente entregaron el propio alcalde y el biólogo Eliezer Zúñiga, entonces director del acuario, con un costo original proyectado de 36 millones de pesos con todo y todo: incluía obra civil, equipo de soporte de vida y hasta especies.

Pero como ya estaban a punto de apagar la luz del sexenio de Jesús Aguilar Padilla, Ordaz Coppel exhibió por respuesta las arcas vacías del gobierno del estado pero ofreció gestionar los recursos en la secretaria de Turismo federal y hábil como también es para sacar lana, consiguió 30 millones 933 mil pesos. Nadie se imaginaba entonces que empezaba a cocinarse el fraude y engaño más escandaloso de la historia de Mazatlán.

La obra inició a mediados del 2010, pero de manera inexplicable y automática pasó con el cambio de gobierno de 36 millones originales a 63. Nadie informó el motivo del incremento y lo que siguió fue una serie de imprecisiones, desatinos, omisiones, impericia y abandono que obviamente desembocaron en actos de corrupción y desastre. De entrada, el nuevo alcalde panista Alejandro Higuera Osuna –haciendo caso a la más pura tradición de la política mexicana- no quiso compartir medallas y lauros  con su antecesor, así que empezó a mover el agua para que en lugar de tiburonario fuera delfinario. Sin embargo, los recursos federales estaban etiquetados, el proyecto original en marcha y no hubo manera de modificarlo. Pero el camino no sería fácil: fueron necesarios 7 años y tres administraciones municipales para finalmente inaugurarlo aquel alegre 23 de diciembre de 2016 entre la jocosidad de los promotores que festinaban que finalmente Mazatlán tendría un insumo que podría competir dignamente con los destinos turísticos nacionales e internacionales del Pacífico, pero bastaron 36 días para que el sueño colapsara, descubriendo en el arrastre de millones litros de pus una cadena impresionante de corrupción oficial, cinismo empresarial y negligencia de servidores públicos que reiteradamente fueron denunciados por regidores municipales, medios de comunicación y especialistas en museos acuáticos que en diferentes momentos advirtieron la mala calidad de construcción y materiales. En febrero anterior se cumplieron 3 años del fatídico accidente y –salvo algunas inhabilitaciones menores- no hay responsables en la cárcel y los 3 ex funcionarios que juraron resarcir el daño patrimonial causado a los mazatlecos gozan de cabal libertad, sin que autoridad judicial ninguna vuelva a ponerlos en chirona por incumplimiento de promesa. De la vergüenza ya ni hablamos.

Cadena de corrupción
“Responsabilizamos al ingeniero José Luis Sevilla Suárez Peredo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado de tráfico de influencias, corrupción y conflicto de intereses en las licitaciones del tiburonario de Mazatlán”, acusó en junio de 2016 el regidor priista de Mazatlán Humberto Becerra Batista, quien presentó denuncia en la Secretaría de la Función Pública.

El regidor se refería por supuesto a lo que empezó como una genial idea por su sencillez y justo presupuesto, pero se fue convirtiendo en arena donde germinaron negocios ilícitos, tráfico de influencias y corrupción entre un grupo de influyentes empresarios mazatlecos y servidores del gobierno de Mario López Valdez al mando del ingeniero José Luis Sevilla Suárez Peredo, secretario de Obras Públicas en el estado, que premió una y otra vez la negligencia e impericia profesional del arquitecto Omar Osuna Osuna a quien otorgó 5 licitaciones por 72 millones 140 mil 212 pesos sin que tuviera méritos profesionales en construcción de acuarios u obras similares.

La primera licitación (2010) para remodelar el Acuario Municipal (fachada y tiburonario) fue por 19 millones 838 mil  981.65 pesos e incluyó obra civil y todos los acrílicos, quedando para la segunda etapa 12 millones del proyecto original. Sin embargo, la segunda licitación (2011) ascendió a 16 millones 071 mil 424.10 pesos para la construcción de obra civil, estructuras metálicas en accesos y fachadas complementarias, suministros y colocación de acrílicos.

Sin tener experiencia manifiesta y reconocida públicamente por él mismo que sostuvo una y otra vez que participó porque se trataba de “construir una simple pila”, a pesar de que en todas las licitaciones se lee claramente: “construcción de un tiburonario”, participó en una tercera licitación en 2011 para construir sistemas de refuerzo y cimentación de la estructura existente, mediante la “perforación de losa y zapatas de concreto reforzado y construcción de pilotes reforzados” con un costo de 3 millones 675 mil 545.18 pesos. Y luego hubo una cuarta licitación en 2013 por 18 millones 665 mil 015.98 pesos para equipamiento de bombeo, filtrado, aire acondicionado, planta de emergencia, puertas de emergencia, equipo audiovisual, iluminación, taquilla de información, cuarto de máquinas y cabina, haciendo un total de 58 millones 250 mil 966.91 pesos.  Es obvio decir que las 4 licitaciones favorecieron a la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, S.R.L. de C.V, propiedad del arquitecto Omar Osuna.

Quinta licitación
Pero además de las recurrentes irregularidades y negativa de las autoridades para oxigenar el proyecto, otro asunto fue pasado por alto: Omar Osuna Osuna era presidente de la Canaco-Mazatlán y consejero del acuario, lo que debió ser suficiente para descartarlo de la licitación simple y sencillamente por ser juez y parte. Nada importó y el 31 de mayo Sevilla Peredo entregó una quinta licitación a la empresa del arquitecto Omar Osuna que desplazó a las siguientes concursantes que incluso hicieron propuestas con montos menores:
  • Constructora Marli, S.a. De C.v., del ingeniero Octavio Hernández: $9’285,383.66
  • Mazurbanizadora, S.a. De C.v., representada por Sandra G. Tirado Ramirez (se presume que es propiedad de Omar Osuna): $13 ‘274,842.68
  • Construcciones Sectsa, S.a. De C.v., de Cesar Gpe. Elenes Perez: $11 ‘283,856.52
  • Carlos Arturo Toala Camacho: $11 ‘117,250.94
  • Grupo Ecosistemas De Mexico, S.a. De C.v. de Antonio R. Becerra Gonzalez: $13 ‘805, 166.87
  • Maquisin, S.a. De C.v. de Omar Alfonso Osuna Osuna $13 ‘889,247.14

Con estos antecedentes y pruebas documentales, los regidores Esperanza Kazuga y Humberto Becerra Batista advirtieron que otro negocio ilícito desde el poder político estaba a punto de consumarse con la complicidad de una parte del sector empresarial del puerto mazatleco: del tiburonario original pasó a ser una cloaca de corrupción e impunidad.

En el curso de los acontecimientos, P23 consultó a expertos que expusieron algunas hipótesis. Una de ellas, la más razonable, apunta hacia 4 asuntos fundamentales:
  • Bajo calibre de los acrílicos instalados, entre los que presuntamente hay una diferencia de entre 3 y 4 pulgadas con los recomendados por la empresa proveedora.
  • La prisa del gobernador Mario López Valdez para inaugurar antes de que finalizara su gestión, “provocando que el sellador de las juntas de los acrílicos no fraguara correctamente” (el proveedor recomendó 15 días y solamente tuvieron 5).
  • Reporte de la empresa estadounidense: mala calidad de la obra y acrílicos delgados. Quien construyó el estanque no consideró que habría equipos  de soporte de vida: Terri Johnson, presidente de TJP Enginnering
  • Reportes internos de personal del acuario que advirtieron desde el 2 de enero de 2017 varias fallas estructurales de origen en la obra negra y filtraciones en muros y acrílicos. El 14 de enero 2017, el ingeniero Gómez Rodríguez recomendó vaciar el tanque para “desinstalar el acrílico del túnel y curvo, revisar sus especificaciones, reparar el marco de apoyo, adaptar sistemas de soporte y reinstalarlo nuevamente”. La catástrofe pudo evitarse.

Diagnóstico de peritos
Ante las evidentes irregularidades, el Consejo Transitorio del Acuario, integrado por los regidores Esperanza Kasuga Osaka, Roberto Osuna, Jacqueline Cisneros, Jorge Rodríguez Pasos y Andrés López Soto contrató a la empresa Hidrotam de ciudad Victoria, Tamaulipas, para que realizara el “diagnóstico de las condiciones de instalación y operación del Sistema de Soporte de Vida del tiburonario del 10 al 13 de diciembre del 2014”. Hidrotam concluyó:
“Las instalaciones son inadecuadas” y entregó un listado de irregularidades en obra y materiales, en poder de P23..

Entrega no entregada
Pero no solamente en la obra había problemas sino también en los procesos administrativos. El viernes 17 de abril de 2015 la prensa de Mazatlán publicó declaraciones del presidente municipal Carlos Felton González (2014-2016):  “Entregaron el Tiburonario a Higuera” y aseguró que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, José Luis Sevilla Suárez Peredo, le comunicó que: “efectivamente todo parece indicar que el tiburonario ya fue recibido por la anterior administración antes de que terminara el período de su encargo y solamente estoy en espera de que me lleguen los documentos correspondientes para poder hablar con la propiedad del caso y comentar si efectivamente se recibió o no se recibió”. Higuera –conocido como el “diablo azul”- se apresuró a declarar el 25 de abril de ese 2015 que su administración (2011-2013) “no recibió el acuario” y que la firma de Tito Loreto Rodríguez Corrales, entonces director de Obras Públicas del municipio, había sido falsificada. Por este asunto, el entonces Síndico Procurador Javier Magaña aseguró a P23 que Loreto Rodríguez “fue inhabilitado para desempeñar cualquier cargo en el servicio público”.

En diciembre de 2016, la Síndico Procurador del gobierno municipal, la priista Lourdes Sarabia, anunció sanciones para los dos ex presidentes panistas y varios de sus colaboradores por negligencia y omisión en supervisión de obra del tiburonario: Higuera Osuna y Felton González fueron inhabilitados por 5 años para desempeñar empleo, cargo o puesto en el servicio público. Los ex directores de obra Tito Loreto Rodríguez Corrales, Sergio Leonardo Wong Ramos y el supervisor Lorenzo Larreta Estrada fueron inhabilitados sólo por 3 años.

Otro cómplice
Ante las evidencias de corrupción y tráfico de influencias en una obra paralizada, el 20 de abril de 2015 los regidores Esperanza Kasuga Osaka y Humberto Becerra Batista solicitaron la intervención del licenciado Antonio Humberto Vega Gaxiola, auditor superior del estado, para que investigara la obra del tiburonario de Mazatlán. De acuerdo al documento, el 4 de agosto de 2014, los miembros del Consejo de Administración del Acuario Mazatlán recorrieron el tiburonario a solicitud de  María del Rosario Torres Noriega, Secretaria del Ayuntamiento. En esta visita, el contratista Omar Osuna Osuna afirmó que  la obra estaba terminada y solamente faltaba una inversión adicional “para decorarlo”,  lo que los regidores condicionaron hasta que  entregara “proyectos ejecutivos de Estudio de Mecánica de Suelos, Planos arquitectónicos, Planos y memoria estructural, Proyecto electromecánico y Proyecto hidráulico y sanitario, Equipamiento (filtros, sistema de bombeo y todos los adendums que tenga el proyecto)”. La solicitud jamás fue atendida por el contratista, argumentando que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado era la facultada para entregar esa in formación. Con fecha 1 de septiembre de 2015, la solicitaron por oficio al secretario Sevilla Suárez Peredo que tampoco respondió. El auditor Vega Gaxiola también enmudeció, alentando la sospecha de tener relaciones con el presidente municipal y algunos miembros del gabinete panista.

Reparación del daño

Pero los mazatlecos no se reponían del fraude evidente cuando sobrevino otro engaño, ahora articulado desde el poder político, lo que en términos prácticos equivaldría a echar limón en la herida. Después de años de investigaciones, peritajes, denuncias, intercambio de oficios, el fiscal general autónomo de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, consiguió que un juez abriera carpeta de investigación contra tres servidores públicos menores implicados en el colapso del tiburonario que, sin embargo, el 28 de octubre de 2019 obtuvieron la “suspensión condicional del proceso” tras comprometerse a “reparar el daño material causado al Tiburonario de Mazatlán por la contratación indebida en la construcción de la obra. Bajo esta figura jurídica –respaldada por la propia Fiscalía, apoyada en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales-,  Dionisio “N”, José Luis “N” y Armando “N”, acusados de cometer el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, quedaran en libertad al comprometerse a “reparar el inmueble en un plazo no mayor a seis meses, a fin de entregarlo en estado funcional y con garantía de 1 año, quedando la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública como encargada de la supervisión del cumplimiento de los trabajos cada dos meses. Los acusados deberán presentarse de manera mensual ante dicha Unidad, además de mantener su lugar de residencia en el mismo domicilio por el tiempo de la suspensión condicional”. El plazo venció el 28 de abril 2020 y hasta el momento no hay información sobre la reparación del daño y tampoco si la suspensión del proceso consideró daños por 72 millones 140 mil 212 pesos más intereses y actualizaciones del índice de precios al consumidor, como corresponde. ¿Puede la Fiscalía llamarlos a cuentas de nuevo?

¿Complicidad o engaño?
¿Ignoraba el fiscal Ríos Estavillo que en el convenio de concesión del nuevo acuario existe impedimento para que el gobierno municipal desarrolle algún proyecto marino en las actuales instalaciones? ¿Sabía que este convenio invalida la reparación del daño que excarceló a 3 funcionarios y garantizó impunidad a sus jefes? Debió saberlo, pues el convenio de concesión fue firmado el 28 de noviembre de 2018 en la ciudad de Mazatlán por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el secretario José de Jesús Flores Segura y Ricardo Morayta Martínez, representante de la concesionaria. ¿Inocencia, omisión o complicidad?

El anterior 28 de mayo se cumplieron 7 meses de la liberación de los imputados y que sepamos aun no funciona nuevamente el tiburonario de Mazatlán “con garantía de un año” como lo prometieron y no funcionará por la simple y sencilla razón que el convenio de concesión vigente entre gobierno municipal y la concesionaria Kingu Mexicana S.A.P.I DE C.V., exige cerrar las actuales instalaciones 3 meses antes de que empiece a funcionar el nuevo, lo que hace prácticamente imposible que los ex servidores públicos cumplan con la reparación del daño, incluso porque el nuevo proyecto no incluye tiburonario sino un pingüinario como el del Acuario Sumaya de la ciudad de México.

¿Fue una cándida actuación de Fiscalía y gobierno del estado o la maquinación de otro engaño contra los mazatlecos?

Información obtenida por P23 revela que “las viejas instalaciones deben dejar de operar como acuario 3 meses antes de que abra el nuevo y no serán entregadas al concesionario porque no son objeto de la concesión”.

De esta manera, el Ayuntamiento y/o la Paramunicipal Acuario Mazatlán decidirán qué hacer con terreno e instalaciones actuales, bajo las siguientes condicionantes:
1. No pueden tener actividades relacionadas con vida marina
2. No pueden tener servicios o actividades relacionadas directa o indirectamente con los servicios y actividades que tendrá en nuevo acuario
3. Lo que suceda con el Tiburonario no afecta en nada a la concesión, ya que ese edificio está fuera del terreno concesionado. O sea, el nuevo acuario nada tiene que ver con este asunto, aunque sería un verdadero desperdicio desaprovechar las instalaciones actuales que pudieran integrarse de alguna manera al nuevo proyecto. La demolición no debe ser opción, aunque el gobierno actual es capaz de cualquier despropósito.

¿Ríos Estavillo conoció este convenio de concesión antes de avalar la libertad de los ex servidores públicos responsables que juraron reparar el daño? ¿Sabía que era inútil pensar que el tiburonario volvería a funcionar en 6 meses? ¿Ya para qué?

El acuario actual dispone de unos 50 mil metros cuadrados de terreno municipal. De ellos, solamente 26 mil 175 metros cuadrados fueron negociados en concesión para el nuevo acuario, el resto seguirá siendo administrado por el gobierno municipal pero para atracciones que nada tengan que ver con vida o atracciones marinas.

Este episodio amerita otro capítulo en México Bizarro 3 de Rosas y Patán, sin duda.

paralelomm@gmail.com




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