Martes 14 de Julio de 2020
  

S Sinaloa Sur

Reivindica TEESIN lucha de mujeres: abrirán gobierno de Mazatlán a revisión de la Síndico Procurador

Reivindica TEESIN lucha de mujeres: abrirán gobierno de Mazatlán a revisión de la Síndico Procurador

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  • "No existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre": Hermila Galindo en 1916.-


Redacción P23


Culiacán, Sin., 16 junio 2020.-Por resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (TESIN), que encontró elementos para acreditar la “existencia de violaciones al derecho político electoral, realización de actos y omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral en contra de Elsa Isela Bojórquez Mascaren? O, Sindica Procuradora del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, resolvió el 12 de junio anterior que el Órgano Interno de Control (OIC) sancione conforme a la ley a los servidores públicos demandados y el Cabildo emprenda a su vez acciones contra el OIC que sistemáticamente bloqueó y desestimó investigaciones ordenadas por la denunciante, conforme al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, bajo el expediente TESIN-JDP-02/2020, en poder de P23.

Este día fueron notificados los imputados y la Síndico Procurador, quien ahora estará en posibilidades de realizar el trabajo que por diversas vías habían sido obstaculizado por servidores públicos del gobierno municipal y para municipales que bloquearon auditarlas, principalmente por el alcalde, Secretario y Tesorero; gerente de la Jumapam; los directores de los Institutos de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán, del Deporte y de las Mujeres; Acuario de Mazatlán; Órgano Interno de Control; Director de Planeación del Desarrollo Urbano; Secretario de Seguridad; Director de Recursos Humanos, cuerpo de regidores, con énfasis en la regidora Paulina Guadalupe Osuna Castañeda, entre otros.

Después de más de un año de bloqueos, faltas de respeto a su investidura y segregación sistemática del gabinete presidencial, Bojórquez Mascareño presentó denuncia el 12 de febrero de 2020 ante el Tribunal por violencia política y acoso laboral contra el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres y otros funcionarios municipales.

El 19 de febrero, vía acuerdo plenario, el Tribunal ordenó la emisión de medidas cautelares de protección a favor de Elsa Isela Bojórquez Mascareño. El 25 de febrero las autoridades responsables fueran emplazadas con la demanda, “acompañada de las pruebas ofrecidas por la actora a fin de que emitieran su contestación para garantizar una adecuada y oportuna defensa”.

Al respecto, el 3 de marzo rindieron contestación a la demanda Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal; José de Jesús Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento; Paulina Guadalupe Osuna Castañeda, Regidora; Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero Municipal; Giovanni Gamaliel González Zatarain, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento; Rafael Padilla Díaz, Titular del Órgano Interno de Control; Ismael Tiznado Ontiveros, Gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; asimismo, el 4 de marzo rindieron contestación Humberto Álvarez Osuna, Director General del Instituto Municipal del Deporte; Jorge Estavillo Kelly, Director de Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable; y, el cuerpo de regidores y regidora.

El 1 de junio, la magistrada ponente admitió el medio de impugnación y declaró cerrada la instrucción. Sin embargo, la suspensión de labores en los juzgados por la pandemia de Covid-19, del 24 de marzo al 19 de abril y del 20 de abril al 30 de mayo, les cayó “como anillo al dedo” a los demandados.

La Sala Superior del Tribunal consideró que “el derecho a ser votado o votada no se agota en una contienda electoral sino que al resultar una persona favorecida con el voto mayoritario, ese derecho implica el pleno ejercicio y goce del mismo y, para ello, es necesario que la persona pueda desempeñar de manera libre, efectiva, con todas sus facultades y por el periodo correspondiente, el cargo para el que resultó electa”.

La demanda que dio inicio al juicio ciudadano se promovió de manera oportuna “porque la recurrente manifiesta en su escrito de demanda que se le ha venido obstaculizando en el ejercicio del cargo a través de violencia política contra la mujer en razón de género desde el dos de julio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha haya cesado la citada violación.
“Según su dicho, explica la sentencia,  la obstaculización del cargo y la violencia referida se ejerció en un primer momento por el presidente municipal de Mazatlán y, posteriormente, por distintos funcionarios del Ayuntamiento; por tanto, de existir los hechos denunciados, entre los cuales se encuentran supuestos actos omisivos por parte de las autoridades responsables, implicaría una situación que se ha venido actualizando momento a momento por lo que estaríamos ante actos de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para impugnarlos no fenece, de ahí que debe tenerse por oportuna la presentación de la demanda”.

“Las autoridades responsables, a través de sus oficios de contestación manifiestan que el presente juicio ciudadano es improcedente, toda vez que, desde su perspectiva, este órgano jurisdiccional no es la autoridad competente para conocer la impugnación planteada por la actora (…) En ese sentido es preciso señalar que cualquier persona que aduzca una violación al derecho político electoral de ser votado o votada en su vertiente de ejercicio del cargo puede acudir a esta instancia jurisdiccional, con independencia de que le asista o no la razón (…) De ahí que este Tribunal Electoral tiene atribuciones para conocer de violaciones al derecho político electoral de ser votado o votada, es decir, impugnaciones vinculadas con el acceso y permanencia en cargos de elección popular, por estar relacionadas con el ejercicio de este derecho (…) En ese orden de ideas, este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, pues los hechos objeto del litigio corresponden a la materia electoral, en tanto que están encaminados a demostrar la obstaculización sistema? Tica por parte de las y los funcionarios del Ayuntamiento de las atribuciones inherentes al cargo al que fue electa la Sindica Procuradora”.

Lucha histórica de las mujeres

Los magistrados consideraron que “México ha sido un país de profundas y arraigadas desigualdades, no solo económicas, sociales, culturales y políticas, sino también de género. Ya sea en el ámbito laboral, en la participación política o en los espacios de gobierno, las asimetrías entre el hombre y la mujer han estado presentes a lo largo de la historia de nuestro país.
Como puede suponerse, la libre participación política de las mujeres mexicanas y el acceso a los cargos públicos no aconteció de una manera gratuita e inesperada, sino que, al igual que en otras partes del mundo, fue el resultado de innumerables luchas, manifiestos y protestas en las calles -encabezadas por movimientos feministas y sufragistas- que buscaban el reconocimiento del derecho a votar, es decir, el derecho a la ciudadanía plena del cual gozaban los hombres, sin que existiera razón alguna para la exclusión de las mujeres, argumento que desde 1791 inspiro? a Olimpya de Gouges para redactar su famosa Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, en respuesta, obviamente, al texto fundamental de la Revolución Francesa.

En la celebración del primer “Congreso Feminista” en México, el 13 de enero de 1916, apoyado por el entonces gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, y otras feministas, se acordó exigir el reconocimiento del voto para las mujeres.

“Entre las reivindicaciones sufragistas, destaca la petición enviada el 8 de diciembre de 1916 por Hermila Galindo, feminista y secretaria particular de Venustiano Carranza, a la Primera Comisión de Puntos Constitucionales que se sesionaba en Querétaro, del cual subrayamos el siguiente párrafo:
Bajo todo criterio sin prejuicios, creados por la mala organización de las sociedades, no existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre y, por consecuencia, los que se derivan de esos derechos que debemos considerar como primordiales, no hay razón para que a la mujer se la nieguen. Es cosa aceptada y sancionada en principio general de la justicia, por el juicio moral de todas las sociedades civilizadas, que la igualdad ante la ley debe ser completa.

“No obstante las demandas por el reconocimiento explícito de la ciudadanía para las mujeres, al año siguiente, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, si bien no se estableció la negación expresa del voto femenino tampoco el texto constitucional lo reconoció en forma expresa, dando lugar a la ambigüedad respecto de si hombres y mujeres tenían el derecho de votar y, luego, a concluir que la expresión “Son prerrogativas del ciudadano”, prevista en el artículo 35, se refería exclusivamente al género masculino.

“A contracorriente de esa interpretación, el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció, de 1922 a 1924, el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales, consiguiendo el acceso de la primera mujer -Rosa Torre González- en ocupar un cargo de elección popular en el Ayuntamiento de Mérida en 1922 y también que la feminista Elvia Carrillo Puerto resultara electa como diputada en el Congreso de Yucatán en 1923. De igual forma, por la misma época, en los estados de San Luis Potosí y Puebla, se permitiría a las mujeres que supieran leer y escribir participar en las elecciones municipales. A pesar de ello, las conquistas por los derechos de la mujer, particularmente relacionadas con el ejercicio del voto, no dejaban de ser únicamente locales, era necesario luchar para conseguir el reconocimiento de la ciudadanía desde la Constitución mexicana.

“Sera hasta el año 1953 que el Presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, respondiendo a una promesa de campaña, ordeno publicar el 17 de octubre de ese año el nuevo texto del artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de la Republica los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos...”, con lo cual se erradico cualquier duda respecto del derecho a la ciudadanía de las mujeres.

“Como consecuencia de esa reforma constitucional, Aurora Jiménez de Palacios obtuvo, el 4 de julio de 1954, la primera diputación federal por el Distrito I del estado de Baja California. En ese sentido, la conquista del voto femenino en la Constitución resulto sin lugar a dudas un progreso para las mujeres mexicanas, sin embargo, el camino que faltaba por recorrer no sería fácil y se enfrentarían nuevos obstáculos o las mismas inercias socio-culturales que se negaban a desaparecer y que terminaban por excluir de la vida política, en los hechos, a la mujer, dado que en el ámbito político y, por ende, electoral, prevalecían por mucho los hombres.

“Con el objetivo de impulsar la participación política de las mujeres, en el año de 1993 se reformo? el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y se previó en el párrafo 3, del artículo 175, que los partidos políticos promoverían la participación de las mujeres mediante la postulación a cargos de elección popular; sin embargo, no se estableció como una obligación para los institutos políticos sino como algo potestativo o deseable.
 
“Es en 1996 cuando puede afirmarse que se incorporó en nuestra legislación electoral la primera acción afirmativa a favor de las mujeres (cuota de género); aunque, de nueva cuenta, el texto legal parecía más una recomendación que una obligación, pues se sugería a los partidos políticos que consideraran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores, tanto por mayoría relativa como de representación proporcional, no excedieran el 70% para un mismo género. Por supuesto, en virtud de que no se trataba de una obligación, tampoco hubo una sanción para quien incumpliera con la norma jurídica.

“En 2002 se reformó una vez más el COFIPE y se estableció como obligación para los partidos políticos garantizar la participación de las mujeres en la vida pública. Asimismo, se adicionaron los artículos 175-A, 175-B y 175-C, los cuales obligaban a los partidos para que las candidaturas a diputados y senadores cuyo registro presentaran ante el Instituto Federal Electoral33, en ningún caso excederían el 70% de candidatos propietarios de un mismo género; además, que las listas de representación proporcional se integrarían con segmentos de tres candidaturas en las que habría una de género distinto.

“Acaso lo más importante para garantizar la efectividad de los mencionados mandatos legales, es que se regulo que, en caso de incumplimiento, el Consejo General del IFE requeriría al partido para que subsanara dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación, y en caso de persistir en la irregularidad se negaría el registro de las candidaturas respectivas.

“Avanzando en el mismo sentido, en 2008 se reformo el artículo 38, párrafo 1, inciso s), del COFIPE, para establecer la obligación de los institutos políticos de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

“Esta reforma legal implicó también un progreso en relación con las cuotas de género, pues en el artículo 219 del citado Código se previó que, de la totalidad de solicitudes de registro tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presentaran los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberían integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad”.

Bajo este contexto histórico, se “ordena a las autoridades vinculadas el cumplimiento inmediato de lo ordenado en el apartado de efectos de esta resolución. En este sentido, la resolución implica que Rafael Padilla, responsable del Órgano Interno de Control, deberá sancionar a las otras autoridades implicadas en las irregularidades acreditadas y a su vez el Cabildo deberá sancionarlo a él como parte sustantiva de la denuncia de la Síndico que reiteradamente denunció públicamente que la lucha contra la corrupción era imposible con Padilla en el cargo por ser “juez y parte” en varias investigaciones en curso.

Además, como medida de satisfacción, los imputados deberán ofrecer una disculpa pública a la actora en la primera sesión del cabildo que se realice después de la notificación de la resolución y deberán hacerla pública y del conocimiento de la comunidad a través de los estrados del Ayuntamiento y de un diario de circulación municipal.

Foto de archivo con fines ilustrativos.


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