Martes 14 de Julio de 2020
  

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Procesados por colapso del tiburonario sólo responderán por 2 licitaciones; las otras 3 quedarán en absoluta impunidad

Procesados por colapso del tiburonario sólo responderán por 2 licitaciones; las otras 3 quedarán en absoluta impunidad

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#YaParaQué
  • En el mejor de los casos, gobierno del estado recuperará unos 34.6 mdp, mientras el secretario de Obras Públicas José Luis Sevilla Suárez Peredo –directo responsable- solamente fue inhabilitado por desvío de ¡1,200 mdp!, pero por otras obras.-
  • “Estamos listos para llegar a término del juicio oral si así lo determina el juez: Reyna Angulo Valenzuela.-
  • Imprecisiones sobre si Acuario Mazatlán es o no agraviado: Fiscalía lo incluyó como víctima en su boletín del 28 de octubre 2019.-
  • Unidad de Medidas Cautelares debe informar al juez si procesados incumplieron en reparar daño patrimonial del tiburonario de Mazatlán.-

Por Mario Martini

Mazatlán, Sin. 23 junio 2020.-Compete al juez de control decidir si hubo incumplimiento del acuerdo de reparación del daño patrimonial pactado el 28 de octubre de 2019 entre el gobierno del estado y ex funcionarios de la Secretaria de Obras Públicas de Sinaloa, acusados por el delito de “ejercicio indebido del servicio público” al cometer irregularidades en las dos últimas licitaciones del tiburonario de Mazatlán por un monto original de unos 34.6 millones de pesos, respondieron  los fiscales anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela* y general autónomo de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo** en videoconferencia con este reportero ante las dudas planteadas por el reportaje especial del Paralelo 23.

Inicio del procesoEl 25 de octubre de 2018 el juez de Control y Enjuiciamiento Penal otorgó el auto de vinculación a proceso contra Dionisio “N” -ex titular de la Dirección de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Sinaloa- por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, derivado de la autorización de 2 contratos para la construcción del tiburonario, firmados en 2013 y 2016 que beneficiaron a dos empresas (causa penal 1084/2018), puesto que las propuestas de obra no cumplían con las bases de licitación ni con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa. La responsabilidad directa de supervisión correspondía al ex funcionario quien pudo evitar que ambas empresas fueran beneficiadas con dos contratos, uno por 15 millones de pesos y otro por 19 millones 640 mil pesos, haciendo un total de 34 millones 640 mil pesos.

El 6 de octubre 2018, la Fiscalía General Autónoma de Sinaloa (FGAS) presentó pruebas contra José Luis “U” – ex jefe de Seguimiento Documental de Contratos de la misma Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (causa penal 1084/2018)- y solicitó al juez de control el auto de vinculación a proceso, debido a que consideró que también actuó de manera dolosa al autorizar contratos irregulares. La vinculación a proceso ocurrió el 12 de noviembre de ese mismo año e inmediatamente después fue vinculado Armando “N”, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, todos de la misma secretaría. La acusación no alcanzó al secretario José Luis Sevilla o a subsecretarios o directores generales. Es decir, los tres imputados son peces menores en esta trama.

PrecisionesEn respuesta al amplio reportaje que publicó P23 #Tiburonario de Mazatlán ¿ya para qué? Que permite la sospecha de complicidad o inocencia de la FGAS; la inutilidad práctica de reponer el tiburonario a su estado funcional antes del colapso del primero de febrero de 2017; y haber excluido del acuerdo de reparación del daño patrimonial a la para municipal Acuario Mazatlán; los fiscales sintetizaron:
1.-El juicio continuará cuando los tribunales regresen a laborar;
2.-Será el juez quien determine lo conducente en cuanto al cumplimiento o no de la reparación del daño patrimonial, según acuerdo suscrito entre las partes;
3.-La Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaria de Seguridad Pública es la que debe informar al juez si hubo cumplimiento o no del acuerdo; y
4.-Mazatlán “no es afectado porque las dos últimas licitaciones fueron pagadas con fondos estatales”
Sin embargo, en el boletín oficial enviado por la misma fiscalía el 28 de octubre de 2019 sobre la suspensión condicional del proceso reconoce a la Paramunicipal Acuario Mazatlán como parte agraviada, según la siguiente cita textual del documento público:
“(…) En el inicio de audiencia intermedia, los acusados por el daño económico cometido en agravio del servicio público, gobierno del estado de Sinaloa y de la paramunicipal Acuario de Mazatlán, propusieron reparar el daño, lo que fue aceptado por la parte ofendida en atención a que el objetivo principal del sistema penal acusatorio es la reparación del daño (…)
P23:
Pero además, existe el oficio SDUOP/DS /295/2015 que confirma que el gobierno del estado entregó al gobierno municipal la tercera y última etapa de la obra del tiburonario el 27 de diciembre de 2013, 96 horas antes de que Alejandro Higuera Osuna dejara la presidencia municipal? Este documento fue firmado por Juan Carlos Godoy Sainz, director de Supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y Tito Loreto Rodríguez Corrales, director de Obras Públicas Municipales. ¿Es o no agraviado el gobierno municipal? ¿Este documento es o no válido?

Reyna Angulo (RA):
No es parte agraviada el Acuario de Mazatlán porque la demanda es por servicio indebido en las dos últimas licitaciones que fueron pagadas completamente por el gobierno del estado”.
Juan José Ríos Estavillo (JJRE): Además, quiero precisar que la Fiscalía es un organismo autónomo, que no depende de alguno de los poderes constitucionales del estado, de manera que en este caso no favorece a parte alguna en conflicto. Nuestra obligación es acompañar a la parte agraviada que en este caso es el gobierno del estado.Las licitaciones a que se refiere la licenciada Angulo son las siguientes:
La cuarta de 2013 por 18 millones 665 mil 015.98 pesos para equipamiento de bombeo, filtrado, aire acondicionado, planta de emergencia, puertas de emergencia, equipo audiovisual, iluminación, taquilla de información, cuarto de máquinas y cabina, haciendo un total de 58 millones 250 mil 966.91 pesos.  Es obvio precisar que las 5 licitaciones de toda la obra favorecieron a la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, S.R.L. de C.V, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna, por un total de 72 millones 140 mil 212 pesos. Y el 31 de mayo de ese mismo año, el ingeniero José Luis Sevilla Peredo –secretario de Obras Públicas en el gobierno de Mario López Valdés- entregó una quinta licitación a la empresa Maquisin, S.A. De C.V. de Omar Alfonso Osuna Osuna por $13 ‘889,247.14, la más alta de las 5 constructoras que participaron para reparar lo que hizo mal en las licitaciones anteriores.
En una interpretación libre de las precisiones de la Fiscalía General Autónoma de Sinaloa, es evidente la imposibilidad de reparar el daño patrimonial porque de nada serviría que los imputados –con el catálogo de conceptos de las 2 últimas licitaciones-  instalaran equipos de soporte de vida en un cascarón inservible para regresar “a su estado original y funcional el tiburonario” que colapsó el primero de febrero de 2017, a menos que regresen el dinero al gobierno del estado para utilizarlo en alguna otra obra similar (el nuevo acuario considera un pingüinario).

“(…) Con apoyo legal en el contenido del artículo 20, apartado B, fracción IV, en correlación con el principio jurídico que reza: “la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite”. Con plena facultad jurisdiccional el juzgador, al emitir una sentencia de condena, puede y debe condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño a favor de la víctima o del ofendido con apoyo, cuando menos, de un dictamen pericial o de un presupuesto de gastos debidamente ratificado (…)” (http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/531.pdf)

P23:
Porqué solamente por 2 licitaciones y no por las 5?
RA:
Porque fueron las que pagó el gobierno del estado con recursos propios y son las que estuvieron dentro del término procesal. Incluso los abogados de los imputados quisieron llevar el juicio a instancias federales, pues también hubo fondos de la federación (los primeros 30 millones, gestionados ante la Secretaria de Turismo por el entonces secretario de Administración y Finanzas Quirino Ordaz Coppel/www.paralelo23.net), pero ganamos el juicio en el que demostramos que las transferencias federales pasan automáticamente a la competencia estatal para su ejercicio y así lo reconoció el juez de distrito. Así fue como pudimos llevar el proceso en el terreno estatal”.

Vicios de origen
La primera licitación fue publicada el 15 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, registrada con el número 54001001-017-10, para “la remodelación del Acuario Municipal (fachada y Tiburonario), en la ciudad y puerto de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”. La apertura de propuestas técnicas-económicas ocurrió en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el día 01 de Julio del 2010. Entre los requisitos de la licitación destaca uno: “la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en lo que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso”. Fue un requisito que el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado -ingeniero José Luis Sevilla Suárez- pasó por alto con las trágicas consecuencias conocidas y la triplicación del presupuesto original.

Unidad de Medidas Cautelares
Por su parte, el fiscal general Juan José Ríos Estavillo fue categórico al señalar que corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública, a través de la Unidad de Medidas Cautelares, presentar ante el juez los informes bimestrales y firma mensual de los imputados, compromisos pactados en el acuerdo de reparación del daño patrimonial. “Deben haberlos entregado al juez de control quien decidirá si hubo o no incumplimiento. En este momento el Ministerio Público es acompañante, testigo, del acuerdo de las partes, por decirlo de alguna manera”, precisó.

P23:
La Fiscalía no necesita que el ofendido tenga interés, como establece el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción  IV: “El ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria”. Entiendo que el juicio sigue, pero entonces , de acuerdo al precepto constitucional, ¿la Fiscalía está obligada a exigir la reparación del daño aunque la víctima o agraviado decidan no hacerlo?

RA:
“Nosotros estábamos y estamos preparados para ir a juicio oral acusatorio y ahí si es obligación cumplir con el artículo 20 constitucional, pero no cuando existe una suspensión condicional del proceso tras comprometerse a reparar el daño material causado al Tiburonario de Mazatlán por la contratación indebida en la construcción de la obra”.

P 23:
Los imputados acordaron entregar tiburonario funcionando en 6 meses, según el boletín del 28 de octubre de la Fiscalía que transcribo: “(…) Dionisio “N”, José Luis “N” y Armando “N”, se comprometieron a la reparación del inmueble en un plazo no mayor a seis meses, a fin de entregarlo en estado funcional y con garantía de 1 año (…)”   Los juzgados penales no interrumpieron términos, así es que el plazo de los 6 meses no se interrumpió por la pandemia, como fue publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa el 18 de marzo 2020: “Con el fin de evitar la concentración de personas y con ello la propagación del virus, se suspenden en su totalidad las labores en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa (…) Como consecuencia no correará plazos ni términos y términos procesales (…) Con excepción de los órganos jurisdiccionales de competencia penal (…)”  ¿Quiere decir entonces que el plazo del acuerdo venció el anterior 28 de abril?

RA:
“Eso lo determinará el juez de control, bajo el supuesto de que al suspender actividades no esenciales no había condiciones de reparar el daño patrimonial causado. Nosotros estamos preparados para ir al juicio oral si así lo determina el juez…”

Castigos menores
El 9 de noviembre de 2017 la Secretaria de Transparencia y Rendición de cuentas del gobierno del estado obtuvo la inhabilitación de los ex secretarios Armando Villarreal y José Luis Sevilla Suárez Peredo por malversación de unos ¡mil 200 millones de pesos!, pero de manera increíble no fue por asuntos vinculados al tiburonario de Mazatlán.

Sevilla Suárez Peredo –quien ordenó ntregar las 5 licitaciones al arquitecto Omar Osuna Osuna- fue inhabilitado por suscribir dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato para la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo en Culiacán y la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato. También suscribió el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, Región Centro, sin contar con la autorización presupuestal que generó al gobierno del estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos. También está pendiente el caso del doctor Ernesto Echeverría que causó un gran quebranto al sistema estatal de salud, pero al regresar 7 millones de pesos garantizó por el momento enfrentar subsiguientes juicios en libertad. Vive tranquilamente en Estados Unidos, lejos del brazo de la ley de Sinaloa.

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La licenciada Reyna Angulo Velenzuela es Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado y contribuyó a crear en 2015 la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Sonora, con énfasis en temas de procuración de justicia y experiencia en ministerio público desde 2009.
** Juan José Ríos Estavillo es abogado por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, cuenta con un doctorado en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo un Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República (INACIPE).

paralelomm@gmail.com

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