Sábado 28 de Noviembre de 2020
  

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Turna juez caso Munsa a MP por presunción de contumacia de autoridades municipales

Turna juez caso Munsa a MP por presunción de contumacia de  autoridades municipales

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#VaraAltaDeMUNSA
  • Servidores municipales podrían ameritar penas de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años

Mazatlán, Sin., 23 octubre 2020.-Ante el incumplimiento de autoridades municipales requeridas a las suspensiones provisional y definitva otorgada en favor de varios menores de edad que viven en el Fraccionamiento Paseo de los >Olivos que exigen respeto a su derecho a un vida sana, el Juez Octavo de Distrito dio vista al Ministerio Público Federal ante la presunción de contumancia que amerita penas de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años.


El 5 de octubre anterior, los responsables de las direcciones municipales de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Jorge Estavillo Kelly, y de Ecología, Lourdes San Juan, exhibieron diversas actas de inspección realizadas a las empresas del consorcio harinero Munsa Molinos, pero no informaron al juez octavo de distrito las actuaciones subsecuentes derivadas de dichas inspecciones, por lo que el juez les otorgó un nuevo plazo de 24 horas el pasado 20 de octubre para que acataran en todos sus términos la suspensión provisional otorgada el 25 de septiembre pasado, cuyos efectos fueron los siguientes:


“(...) SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que las autoridades responsables Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable y Dirección de Ecología, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, dentro del ámbito de sus facultades legales, dentro del término de veinticuatro horas ?contadas a partir de que surta efectos la notificación que de la presente resolución se les realice?, procedan a realizar lo siguiente:
1. Realicen una nueva visita de inspección a fin de verificar la existencia de las licencias, permisos y/o autorizaciones debidas vigentes, con que deban contar las personas morales Productos Manuel José e Industrias Maíz y Trigo y Munsa Molinos, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable.
2. Una vez establecido lo anterior, determinen si el ruido que genera dicha fuente fija (silos) y que trasciende a la residencia de los quejosos, excede del límite para la zona que establece la norma oficial mexicana; así como si existe contaminación en la atmósfera que las tres empresas terceras interesadas desechan durante las veinticuatro horas del día, pues los silos industriales con que cuentan trabajan con máquina, motores, ventiladores y tubería de alta presión para liberar gases, vapores, polvo de los granos de maíz, trigo y otros granos, y de ser el caso, si se encuentra dentro del límite permitido.
3. En caso afirmativo, determinen que el infractor no ha cumplido con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas previamente y determinen lo conducente en términos del artículo 213 del Reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán.
4. En el entendido de que en caso de que se clausure temporalmente la maquinaria de referencia, las responsables deberán indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización, a fin de, en su caso, restablecer su funcionamiento, de conformidad con el artículo 213 del aludido reglamento.(...)

“Además, insiste el juez, no es suficiente para estimar cumplida la suspensión definitiva otorgada el hecho de que las autoridades responsables hayan iniciado diversos procedimientos administrativos a fin de verificar el funcionamiento de los silos, y que incluso los mismos se encuentren pendientes de resolución, sino que las responsables deberán realizar una nueva visita de inspección en términos de los párrafos que preceden.

”En consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que permite al suscrito hacer cumplir la resolución suspensional y, de ser el caso, tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, requiérase de nueva cuenta a las referidas autoridades, para que de inmediato informen las gestiones realizadas a fin de acatar en su totalidad la suspensión provisional de los actos reclamados, sin que sea obstáculo para ello, que ya se hubiere dictado la medida cautelar definitiva. Asimismo, se les requiere para que dentro del término de veinticuatro horas, contado de manera legal, den cumplimiento a la suspensión definitiva de los actos reclamados concedida en el presente incidente de suspensión, acatando todos los puntos precisados en la misma, en el entendido que deberán  remitir las constancias con las que acrediten lo anterior, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada dentro del término otorgado, su actitud contumaz pudiera ser constitutiva del delito contenido en el artículo 262 de la Ley de Amparo, que prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.

De la misma forma, se le hace saber que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a dar vista al Ministerio Público Federal, ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos establecidos en la ley de la materia, tal como lo establece la jurisprudencia P./J. 13/2017, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, agosto de 2017.


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